En la sentencia la CCJ estima que Costa Rica está sometida a la “jurisdicción y competencias obligatorias de la Corte Centroamericana de Justicia” por ser un estado firmante del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) y por las demás razones expuestas en esta sentencia".
En la misma sentencia se dejó firma la orden de suspender la construcción de la vía y además condenó al estado costarricense por cometer desacato al incumplir la medida cautelar dictada por la CCJ en enero pasado.
“Los países centroamericanos firmantes del Protocolo de Tegucigalpa, nuestra carta fundamental en materia comunitaria, los obliga a cumplir toda esta sentencia”, subrayó Guerra Gallardo después de leer la resolución.
Explicó que todos los congresos nacionales (parlamentos) han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa, menos Costa Rica, pero esto no impide que los gobernantes costarricenses la reconozcan.
“Al no tener ratificado el convenio y no poder nombrar los magistrados por ese fin, se está en un deterioro de la posición de ciudadanía de los países que no han nombrado sus magistrados aquí en la Corte Centroamericana de Justicia”, explicó.
En caso que Costa Rica no quiera acatar el fallo de la CCJ, Guerra explicó que será la reunión de presidentes del SICA, la instancia que tiene la facultad para obligar a nuestros vecinos del sur a cumplir lo dispuesto en la resolución.
“Podría ser que en una reunión de presidentes, ya sea ordinaria o extraordinaria se pueda conocer del caso. La sentencia tiene sus propias características que la hacen muy especial, aquí hay normas de derechos comunitario y normas de derecho internacional”.
En el noveno por tanto de la resolución, la CCJ se abstiene de determinar la cuantía que en concepto de reparación reclama por la responsabilidad incurrida, por eso mismo Guerra Gallardo explicó que los organismos ambientalistas que demandaron a Costa Rica tendrán que ser auxiliados por el estado de Nicaragua, a fin que puedan determinar el valor de los daños, algo que dependerá de los arreglos que lleguen ambos países en esa materia.
Ambientalistas: “Costa Rica debe pagar daños”
El ambientalista Kamilo Lara, director del FONARE, manifestó que Costa Rica no puede seguir en su posición de violentar las normas internacionales y comunitarias, algo que ha venido cometiendo reiteradamente con su posición unilateral, inconsulta e inapropiada.
“Nosotros queríamos que se condenara por esa violación al derecho comunitario y que evidentemente nosotros vamos a pedir que ahora Costa Rica pague, vamos a demandar que Costa Rica pague por los daños, por los perjuicios que ha hecho a nuestro Río San Juan y vamos a elevar esta solicitud al Gobierno de Nicaragua, para que lo pueda establecer a través de la Corte Internacional de Justicia”, dijo Lara.
Subrayó que esta sentencia de la CCJ debe ser utilizada por el Estado y Gobierno de Nicaragua en el juicio que mantiene en la Corte Internacional de Justicia y también presentarlo ante el SICA como un problema regional.
“Esto (daños ambientales) no es un problema entre Costa Rica y Nicaragua, es un problema de la región, es por eso hacemos llamados enérgicos al Gobierno de Nicaragua para que no seamos solos las ONG las que estamos en función de esto, sino que ya sea una situación de Estado a Estado y que sea a través de la CIJ que se lleve esta resolución como evidencia del daño que ya está tipificado”, puntualizó Lara.
Recomendó a los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica a sentarse y retomar el dialogo, mismo que no se realiza por la posición de confrontación de las autoridades costarricenses.
