“Hemos logrado identificar nosotros a través de diversas investigaciones realizadas tanto en el registro de público de San Carlos y de Rivas, como en investigaciones de campo, que algunas personas están comprando grandes extensiones o apropiándose de grandes extensiones de propiedades en la frontera sur con la finalidad de ir creando algunas condiciones que podrían perjudicar a nuestro país”, manifestó el procurador ambiental, José Luis García.

García explicó que muchos costarricenses han usado testaferros para adquirir fincas en el límite fronterizo con el objetivo de unirlas con las propiedades que están del lado tico, ello para efecto de tráfico de madera, tráfico de fauna y otros ilícitos.

“Esta es una situación a la que como Estado le estamos poniendo mucha atención en coordinación con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”, aseguró García, señalando que el censo es solo un primer paso para promover las acciones legales correspondientes en contra de estas personas.

Recordó que en la frontera sur, los costarricenses “dueños” de propiedades a ambos lados de la frontera han drenado los cuerpos de agua de Nicaragua para usarlos en labores agrícolas, enviando posteriormente a suelo nicaragüense las aguas contaminadas con agroquímicos.

Cabe destacar que la ley de fronteras “no está cerrada la inversión en la territorio fronterizo”, sin embargo, esta “debe cumplir con todos los lineamientos que están establecidos en la ley y sus reglamentos”, advirtió el procurador.

Frontera norte también con problemas

En la frontera norte los problemas no son menos complicados, según el procurador ambiental, ya que hay un fuerte tráfico ilegal de madera de pino hacia Honduras.

Recordó que la frontera con Honduras prácticamente toda es un área protegida, por eso  la importancia de frenar también las acciones ilícitas en materia ambiental que  allí se desarrollan.

Operativo Oro Verde con primeros resultados

García también informó que como resultado del Operativo denominado Oro Verde, realizado contra el tráfico de madera en la zona de Kun Kun y Wawashang, las autoridades estiman en casi 3 millones de dólares el valor de la madera incautada.

Las investigaciones vinculan el caso a ciudadanos de origen asiático, quienes estaban en la mira de las autoridades desde el año pasado.

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