Durante su exposición, la Magistrada Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) valoró que Nicaragua está forjando un nuevo paradigma en el abordaje de la violencia al pasar de la violencia intra familiar y sexual a la violencia que se produce contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y ámbitos.
“El Estado de Nicaragua reconoce en sus leyes y en sus políticas que la violencia hacia la mujer es una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación; por ello se hizo necesario una respuesta integral coherente y sistemática que diera protección y tutela al derecho de las mujeres”, precisó.
Ramos valoró que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial unificaron esfuerzos y voluntades “para tomar medidas en el ámbito legislativo y en políticas públicas para impulsar una estrategia nacional que incida en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia hacia las mujeres”.
La magistrada explicó que con la entrada en vigencia de la Ley 779 se comenzaron a aplicar medidas de protección integral para prevenir, investigar y sancionar la violencia y para decretar medidas precautelares que protejan a las víctimas en su integridad física y psicológica, sexual y patrimonial.
“En estos primeros 100 días hemos respondido positivamente a las demandas”, aseguró y detalló que para aplicar en rigor esa ley se realizó un proceso de formación especializada de los funcionarios del sistema de justicia.
Se logró capacitar en aplicación de la ley 779 a 2 mil funcionarios del sistema de justicia y 200 jueces fueron capacitados en redacción de sentencia desde perspectiva de género. Además se hizo un esfuerzo para divulgar la ley entregando 6 mil ejemplares de la misma a instituciones y organizaciones de mujeres.
Ramos consideró que se debe continuar implementando el modelo de atención integral e integrada a víctimas de violencia de manera progresiva y ajustarlo a la realidad existente. Para ello indicó que el Poder Judicial habilitó a 23 jueces de audiencia en todo el territorio nacional y a sus suplentes. Explicó que 153 jueces locales y únicos conocen de delitos establecidos en esa ley. También se rediseñaron espacios para 5 juzgados especializados en Managua, León, Masaya y Matagalpa.
Por otro lado manifestó que el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal han desplegado capacidades para la investigación de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Ramos también detalló algunos resultados cuantificables que se derivan de la aplicación de la ley 779. Detalló que en los primeros 100 días, ingresaron a los juzgados mil 834 acusaciones, de las cuales 588 fueron por incumplimiento de deberes alimentarios, 485 por violencia psicológica física, violencia patrimonial y económica, 391 por intimidación o amenazas contra la mujer, 186 por violencia domestica e intrafamiliar, 94 por violaciones en grado de tentativa y a menores de 14 años, 34 abusos sexuales y 16 amenazas con armas, entre otras.
Hasta el momento se han dado 105 sentencias absolutorias y 179 sentencias condenatorias, siendo Managua el departamento con mayor número de acusaciones.
Ramos también destacó que gracias a la aplicación de la Ley 779 se ha cumplido con el principio de acceso a la justicia para las mujeres.
Por su parte la Ministra de la Familia, compañera Marcia Ramírez, en su calidad de representante de la Comisión Nacional Interinstitucional contra la violencia hacia la mujer, explicó que a partir de Julio del 2012, cuando entró en vigencia la Ley 779 y se creó dicha comisión, se orientó la elaboración de una política nacional enfocada en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Ramírez indicó que la política que está en un proceso de consulta estará dirigida a garantizar medidas orientadas a prevenir, proteger, capacitar y dar el debido seguimiento a las víctimas de violencia.
“Tenemos un plazo de 180 días para tener la política lista. A partir del lunes empieza un proceso de consulta en 17 foros departamentales y un foro nacional”, precisó la ministra y agregó que la política parte de las convenciones e instrumentos internacionales, las normativas nacionales y el plan nacional de desarrollo humano.
Ramírez aseguró que en la política nacional, “las mujeres y los jóvenes en el tema de violencia tienen prioridad”.
