Varias compañías respondieron ante la decisión de la firma ibérica de vender el 84 por ciento de sus acciones, mientras el Estado conserva el 16 por ciento, dijo Rappaccioli a la prensa.
Según recordó, la legislación nacional establece obligaciones para los diferentes agentes que intervienen en el sector en asuntos como eficiencia, responsabilidad, inversiones y buena gestión.
A juicio del funcionario, la negociación de las acciones de Gas Natural debe garantizar confianza para las inversiones en la rama energética, cuyo monto ascenderá en 2013 a 300 millones de dólares, con proyecciones de llegar a mil 200 millones en 2018.
Más compañías en el mundo ven a Nicaragua como un sitio seguro para colocar sus capitales, porque hay respeto y garantías legales para la inversión privada, comentó.
Pero "debe quedar claro que los inversionistas tienen que respetar los intereses de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestro país, las leyes que existen", indicó.
Como resultado de las obras durante el último sexenio, la capacidad nacional de generación supera actualmente los 900 megavatios, de los cuales un 20 por ciento es generado por empresas del Estado, precisó.
Al cierre 2012, señaló, el empleo de las fuentes de energía renovable representó el 41 por ciento de la generación total y la proyección de cara a 2018 es elevar esa participación a 80 puntos porcentuales, por la entrada en funcionamiento de importantes instalaciones como la planta hidroeléctrica de Tumarín.
En declaraciones a periodistas, el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Wálmaro Gutiérrez, valoró también la voluntad política del gobierno a fin de garantizar un mejor servicio eléctrico al pueblo.
El principal esfuerzo para expandir y modernizar la rama partió del Ejecutivo nacional, ese es un rango distintivo, consideró el legislador.
Al asumir Daniel Ortega la presidencia de la República en enero de 2007, apenas un 50 por ciento de los hogares disponía de energía eléctrica, mientras los apagones por déficit de generación eran de ocho a 12 horas diarias, corroboran datos de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Cinco años después el índice llegó a 66,7 por ciento y en 2012 la cobertura aumentó 72 puntos porcentuales, expuso ante la prensa el director de Enatrel, Salvador Mansell.
Para llegar a estos logros tiene mucho que ver la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por el aporte de recursos en función de grandes inversiones, sostuvo el ingeniero.
Al concluir el actual período de mandato del gobierno sandinista en enero de 2017, se prevé que el porcentaje de electrificación ascienda a 86 por ciento, con la incorporación de unas 306 mil viviendas, lo cual beneficiará a 1,7 millones de habitantes, confirmó.
En opinión del empresario y especialista en temas energéticos César Zamora, uno de los mayores logros del gobierno de Ortega es la expansión del servicio eléctrico.
"Nada genera más desarrollo y bienestar en la economía familiar que darle acceso a luz eléctrica y agua potable. La calidad de vida en términos de salud, educación, productividad familiar e integración social son enormes", observó el directivo.
Pequeñas hidroeléctricas e instalación de paneles solares forman parte de la estrategia para extender el servicio hasta comunidades rurales de difícil acceso.
Para 2017 la meta es elevar el índice de electrificación a 85 o 90 por ciento, explicó el ministro Rappaccioli.
