Se les acabó su agosto a todos esos "sicarios digitales" que desde abril del 2018 se encargaron de aterrorizar, injuriar calumniar propagar odio, hacer llamados a cometer asesinatos, desestabilizar la paz y tranquilidad del pueblo Nicaragüense y peor aún, desde perfiles falsos viralizar un supuesto descontento acompañado de noticias falsas, cuyo objetivo final era botar al Gobierno Sandinista.
Nuestro Buen Gobierno, es el encargado de velar por la paz y seguridad del pueblo y a diferencia de otros gobiernos que solo se quedan en promesas y quedan en deuda con la ciudadanía y sus votantes.
El Gobierno del "Pueblo Presidente" ha pasado de la palabra a la acción y este pasado miércoles remitió con carácter de urgencia una reforma a la ley de ciberdelitos, la cual fue aprobada y reformada ese mismo miércoles por los patriotas legisladores que también están comprometidos en preservar la paz.
Basta ya de tratar a estos delincuentes y desechos humanos con paños tibios. Ahora la mano de la justicia los alcanzará donde quiera que se encuentren y no importa si están bajo la sotana del Papa o en el sótano de la Casa Blanca, donde se tira todo lo que no sirve. La justicia los alcanzará y les castigará.
Los únicos que han reaccionado condenando estas reformas, son los delincuentes que a sabiendas de que la impunidad con la que operaban ya caducó, deciden llorar como monas malparida, inventando que el Estado Nicaragüense pretende controlar las redes sociales, lo cual es falso porque todos los días hay un tráfico infinito de personas que navegan por las redes y lo hacen con plena tranquilidad y libertad.
Esta ley era solicitada desde hace muchísimo tiempo por nuestro pueblo que ya no aguantaba el asedio y agresión desde las redes por parte de los golpistas por siempre derrotados y hoy bastardos sin Patria. Ahora todos ellos tendrán que ir a buscar una escoba para barrer o conseguir un oficio decente, porque ya los gringos no podrán seguirles pagando por pretender destruir a nuestro pueblo desde las redes sociales.
«(La ley) tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el uso de redes sociales y aplicaciones móviles, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley», señala el artículo 1 reformado.
En cuanto a su ámbito de aplicación, establece que «es de orden público y se aplicará a los autores materiales, intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o a cualquier otra persona que facilite o favorezca la comisión de los delitos previstos en la misma».
Además, que de conformidad al principio de universalidad establecido en el artículo 16 del Código Penal, la ley también será aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional.
Sobre la propagación o difusión de noticias falsas o tergiversadas, la reforma establece que «quien (…) publique o difunda información falsa, tergiversada o de cualquier otra naturaleza que de forma deliberada produzca alarma, temor, pánico o zozobra en población (…)», se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión y 300 a 500 días multa».
Si la publicación perjudica el honor, prestigio o reputación de una persona o a su familia, se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y 150 a 300 días multa; si incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública, se le impondrá pena de cinco a diez años de prisión y 500 a 800 días multa.
La reforma de ley amplía de 10 a 15 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la «seguridad del Estado».
En su exposición de motivos, nuestro Buen Gobierno Sandinista, sostuvo que la propuesta de reforma está destinada a fortalecer la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de aquellos delitos que se cometan aprovechándose de los sistemas informáticos, dentro o fuera del país, por personas naturales o personas jurídicas.
O bien, ejecutados por criminales individuales o por organizaciones de la criminalidad nacional o internacional, que de una u otra forma tratan de afectar o desestabilizar la tranquilidad y la paz social de la comunidad en general, a través de la sustracción, manipulación y robo de datos personales e institucionales, así como la afectación a la privacidad, integridad e intimidad de las personas.
¡TRIUNFÓ LA PAZ!
