De una forma u otra el comportamiento criminal y el abuso del tema de la criminalidad han sido elementos permanentes e integrales de las políticas exteriores de las élites gobernantes occidentales durante siglos. Por un lado sus gobiernos han cometido terribles crímenes contra los pueblos del mundo mayoritario, y por otro han aprovechado su violento dominio mundial para denunciar como criminales o terroristas a movimientos políticos y gobiernos que han resistido su voluntad. Vemos otro ejemplo más de este comportamiento ahora en la agresión militar y diplomática norteamericana contra Venezuela y Colombia.
La enfática ruptura de las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno norteamericano marca un momento con secuelas difíciles de prever dentro de Colombia y en la región. Como evidencia la descarada intervención del Secretario de Estado Marco Rubio en los asuntos internos de Colombia a favor del notorio narcoterrorista ex-presidente Álvaro Uribe. los paramilitares narcotraficantes colombianos y sus lideres políticos siempre han sido peones fieles del gobierno norteamericano. Para mientras y para el momento solamente Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua y algunas naciones caribeñas se han expresado activamente en rechazo de las graves amenazas contra Venezuela.
El gobierno del presidente Trump ha acusado al presidente Nicolás Maduro y ahora al presidente Gustavo Petro de ser criminales aunque ambos han sido entre los pocos dirigentes activos en combatir con éxito el crimen organizado y el narcotráfico en la región. El gobierno norteamericano finge ser duro contra el narcotráfico cuando es él que menos ha hecho para frenar el narcotráfico en su propio país, mientras las agencias anti-droga y militares norteamericanas y los bancos norteamericanos son conocidos cómplices importantes del narcotráfico internacional. En otras regiones del mundo, el gobierno norteamericano finge ser un árbitro neutro de buena voluntad que solo busca la paz, cuando en verdad sigue siendo el poder terrorista más importante al lado del régimen nazi en Ucrania y del régimen genocida sionista en Palestina.
La historia moderna de este cínico comportamiento falso del Occidente colectivo data de la fundación de las Naciones Unidas en 1945. Antes de 1945 los poderes imperialistas casi no se preocupaban para esconder sus horrendos crímenes contra los pueblos del mundo mayoritario. En 1945, los tribunales occidentales que condenaron los crímenes de la Alemania nazi y del imperio japonés dieron una especie de coartada a los criminales norteamericanos y europeos. Fundar la ONU en ese momento fue esencialmente un truco maestro para hacer desaparecer los siglos de genocidio y pillaje occidental del mundo mayoritario. Como si fuera por mágico, de repente solo el imperio de Japón y el régimen de la Alemania nazi merecían pagar por sus crímenes.
De hecho, fue presentado como un acto de borrón y cuenta nueva por los criminales imperialistas occidentales. Supuestamente de allí en adelante, todos iban a acatar las nuevas reglas de la no intervención, la no agresión y la autodeterminación de los pueblos. Por supuesto, para los pueblos de África y Asia especialmente, fue un cruel engaño. Muchos de los criminales japoneses y alemanes se integraron con la mayor tranquilidad en las nuevas estructuras anti-comunistas establecidas por los poderes occidentales. Sus élites gobernantes prosiguieron sus habituales prácticas genocidas alrededor del mundo la vez que sabotearon la independencia de sus antiguas colonias y protegían los odiosos regímenes racistas en Súdáfrica y Israel.
Poco ha cambiado en su conducta ahora. El Occidente colectivo ha denunciado falsamente a la Federación Rusa por el crimen de la agresión militar contra Ucrania cuando fueron los gobiernos de la OTAN que financiaron, entrenaban y armaban al régimen nazi para atacar su propia población rusoparlante de Donbass desde 2014. En 2022, Rusia actuó en defensa de la población civil de Donetsk y Lugansk contra los bombardeos de las fuerzas ucranianas, supervisadas por sus aliados norteamericanos y europeos. De manera parecida, los gobiernos occidentales y sus medios de guerra psicológica acusan a los movimientos de resistencia del Líbano y Palestina de ser terroristas cuando éstos actúan de manera legítima conforme con el derecho internacional para resistir la genocida ocupación ilegal de Palestina y defender sus poblaciones civiles contra la masiva agresión sionista facilitado plenamente por el Occidente colectivo.
Para hacer un resumen de los innumerables crímenes cometidos por las clases gobernantes occidentales desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un posible punto de partida podría ser la fundación de la Central Intelligence Agency formalmente en 1947. La CIA ha sido una herramienta clave de la política exterior norteamericana, actuando libremente fuera del control legislativo y desde un inicio aliado con el crimen organizado. En la posguerra al fin de los años 1940s la CIA desarrolló relaciones con gangsteres cómo Lucky Luciano y Meyer Lansky. Luego, Meyer Lansky era un aliado crucial de la CIA en su campaña contra la Revolución Cubana. Mucho comentario serio considera que es una suposición razonable que Lansky colaboró con la CIA para asesinar al presidente norteamericano John F. Kennedy en 1963.
Así que el narcotráfico y el crimen organizado siempre han sido fuentes importantes de fondos para la CIA en todas sus campañas e intervenciones desde Guatemala, Cuba y Vietnam a Irán y Afganistán hasta Indonesia o el Congo entre numerosas otras. Durante setenta años, la CIA ha subvertido los gobiernos legítimos en toda América Latina y el Caribe, incluyendo la guerra contrarrevolucionaria contra Nicaragua de la década 1980s y las agresiones contemporáneos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Que la CIA es una organización terrorista es indiscutible. Hace poco se conmemoró la destrucción por fichas criminales de la CIA del vuelo cubano sobre Barbados en octubre 1976 que asesinó a 73 personas. El gobierno norteamericano siempre protegía los autores de ese infame ataque y muchos ataques terroristas más en toda la región.
Lo mismo aplica, quizás en menor escala, en el caso de los históricos poderes coloniales europeos que siempre han actuado para intervenir en diferentes partes de sus antiguos territorios, especialmente en África. Quizás el caso más notorio, pero poco reportado, era la campaña de terrorismo promovido por Francia contra el gobierno de Costa Marfil durante diez años hasta derrocar el presidente progresista Laurent Gbagbo en 2011 bajo el amparo de la ONU, en el mismo momento de la destrucción de la Jamahiriya Libia de Muammar al Gaddhafi. El caso de Laurent Gbagbo es especialmente instructivo en relación al abuso del tema de la criminalidad por las falsas instituciones internacionales dominadas por el Occidente colectivo como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Internacional Penal.
La Corte Penal Internacional se fundó a iniciativa de los poderes occidentales a base de una serie de antecedentes jurídicos profundamente defectuosos como fueron los tribunales criminales internacionales sobre Ruanda y la antigua Yugoslavia. La CPI persiguió a Laurent Gbagbo obviamente por motivos políticos sin jamás tener las pruebas suficientes para acusarlo. Lo mantuvo preso por más de diez años buscando cómo fabricar un caso para poder condenarlo pero al fin se tenía que liberarlo por motivo del fracaso de su injusta persecución. Por motivo de la misma selectividad política la CPI nunca ha juzgado alguno de los criminales líderes occidentales responsables de la guerra ilegal contra Irak y solo a regañadientes fue forzado a acusar la genocida dirigencia sionista de Israel, sabiendo que ningún gobierno occidental va a implementar su orden de arresto.
El actuar altamente politizado y selectivo de la CPI refleja el abuso generalizado de los sistemas de injusticia occidentales como meramente otro medio más para agredir a los movimientos políticos y gobiernos del mundo mayoritario que resisten la voluntad del Occidente colectivo o amenazan su poder, influencia, prestigio y control. El congelamiento en Europa y Norte América de los activos de países como Irán, Venezuela y Rusia, entre otros, han sido un robo descarado de cientos de miles de millones en valor de los recursos de los pueblos de aquellos países. Los más recientes ejemplos de este tipo de robo incluyen el secuestro de dos aviones venezolanos facilitado por los sistemas de injusticia de Argentina y República Dominicana, que demuestran también el abuso extraterritorial del sistema de injusticia norteamericana.
Durante treinta años, sucesivos gobiernos norteamericanos han aplicado ilegalmente la genocida Ley Helms-Burton al pueblo de Cuba, que en efecto eleva las leyes nacionales norteamericanas de manera completamente ilegítima al estatus de una norma internacional en extremo perjuicio del pueblo cubano. Algo parecido ocurre en el caso de los países que luchan por un manejo justo de su deuda externa. Bajo el gobierno de Cristina Fernández, Argentina fue víctima de una grotesca intervención neocolonial por un juez menor de distrito de Nueva York quien actuó agresivamente a favor de los fondos buitres estadounidenses que rechazaron la legítima reestructuración de la deuda argentina. Al llegar a la presidencia argentina en 2016, el peón yanquí Mauricio Macri autorizó el pago de casi US$16 mil millones de dólares a los especuladores norteamericanos a base de esa espuria sentencia en Nueva York.
El abuso extraterritorial de los sistemas de injusticia occidentales se aplica también a individuos que actúan en defensa de la verdadera justicia mundial. La extradición de Cabo Verde del compañero venezolano Alex Saab para enfrentar el sistema de injusticia norteamericano ha sido entre los abusos más graves del derecho internacional correspondiente en años recientes. Alex Saab estuvo en tránsito en Cabo Verde durante un viaje para gestionar recursos para garantizar alimentos y medicinas para el pueblo venezolano, lo cual bajo las leyes norteamericanas equivale al terrorismo. De la manera más vergonzosa, las autoridades en Cabo Verde en un proceso completamente anómalo, se inclinaron ante las órdenes norteamericanas y entregaron a Alex Saab.
Un abuso parecido caracterizó el proceso legal canguro confeccionado contra Julian Assange por haber revelado al público internacional los crímenes norteamericanos en Afganistán e Irak. Los sistemas de injusticia de Suecia y el Reino Unido conspiraron y colaboraron en coordinación con el gobierno norteamericano para negar a Julian Assange sus derechos básicos para así ingeniar su eventual extradición a enfrentar el sistema de injusticia norteamericana. Al final, se acordó un arreglo judicial que finalmente concedió la libertad a Julian Assange después de 15 años de purgatorio pseudo-legal en Londres. La politización de los sistemas legales occidentales, tanto penal como civil, ha sido cada vez más evidente en proporción al aumento del temor de las clases gobernantes occidentales de perder su poder y control.
Toda esta historia y contexto demuestra la categórica mala fe Occidental tanto por motivo de sus propios innumerables crímenes contra los pueblos del mundo como por su abuso del tema de la criminalidad para justificar sus constantes agresiones. Nicaragua ha sido víctima de esta realidad a lo largo de su historia moderna. Las tropas de ocupación norteamericanas llamaron “bandolero” al General Sandino por defender la dignidad nacional y la soberanía. Pero como nuestro Copresidente Comandante Daniel recordó hace poco, fue nuestro General Sandino que acertó sobre la naturaleza criminal del yanquí invasor.
El Comandante Daniel recordó en el treceavo Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, “Decía Sandino en esos momentos de combates: ‘Venid, gleba de morfinómanos; venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme…’ Fíjense bien, Sandino utilizando en aquel momento lo que los yanquis andan queriendo contaminar a los Patriotas, a los Pueblos, con el tráfico de drogas, y ya en aquellos momentos en los Estados Unidos se traficaba con la morfina, ya se traficaba.” De hecho, nuestro Copresidente confirma la opinión general de todos los observadores honestos en relación al tema.
El presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro han afirmado tajantemente que las y los principales narcotraficantes se ubican en Miami y Nueva York y en las ciudades capitales europeas. Compartiendo los criterios de sus homólogos de Venezuela y Colombia, el Comandante Daniel refirió a esta realidad el pasado 27 de septiembre, cuando observó, “En Estados Unidos cuántos miles de narcotraficantes están ahí bien instalados, gozando y disfrutando; cuántos narcotraficantes estarán ahí en las Instituciones del Estado norteamericano. Porque no hay otra explicación. Cómo es posible, teniendo ellos un aparataje militar inmenso, sofisticado, y no pueden controlar a los narcotraficantes que andan vendiendo, andan distribuyendo la droga y que luego colocan la plata en los bancos norteamericanos.”
