Los programas sociales son el rostro más humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el lugar donde se encuentra de frente con la vida cotidiana de las familias, con sus carencias, sus urgencias y sus esperanzas. Ahí se expresa su carácter humano, su comprensión del dolor ajeno y su forma de gobernar pensando en la gente y no viéndola como estadística. Por eso los programas sociales son la columna vertebral y reafirman el por qué el Buen Gobierno Sandinista se define como socialista y solidario.
En una de sus intervenciones, transmitida EN DIRECTO, a través de los medios del Poder Ciudadano, la Compañera Rosario Murillo hizo una pausa en el informe diario sobre las buenas nuevas y las obras de progreso y desarrollo que lleva a cabo el gobierno sandinista para detenerse específicamente en los programas sociales, y con inmenso humanismo expresó: “estamos hablando de crear y generar más informes que nos permitan aterrizar completamente todos nuestros programas sociales, económicos, culturales, atender mejor a las personas y familias que estén todavía en situación de emergencia social, que atendemos, pero debemos atender mejor, y añadió que la idea es generar propuestas de nuevos programas sociales para atender a personas y familias, adultos mayores, personas con padecimientos crónicos, que requieran de esos programas para tener una vida digna”.
Lo que la Compañera Rosario, planteó apunta justamente a ese fundamento, mejorar, profundizar y ampliar los programas sociales pero, solo es posible cuando el Estado reconoce primero la dignidad de las personas y asume al pueblo como sujeto de derechos.
Por ello a continuación, mencionamos algunos de esos ámbitos donde ese enfoque se manifiesta en la práctica.
En materia de niñez y adolescencia, el Estado prioriza la protección integral, garantizando identidad, educación, salud, alimentación y entornos seguros, con atención especial a situaciones de riesgo, y afirma la seguridad ciudadana como un derecho compartido, mediante un modelo preventivo y comunitario que resguarda la vida cotidiana, la convivencia y la tranquilidad en barrios y comunidades.
En el ámbito de la vivienda y la seguridad jurídica, el Estado asume el acceso a un hogar digno como base del bienestar familiar y avanza con políticas públicas orientadas a soluciones habitacionales, mejora de las condiciones de vida y legalización de la propiedad, garantizando estabilidad, arraigo y protección del patrimonio de las familias y comunidades.
Pero no solo eso, pues en los derechos de las mujeres y de las personas adultas mayores, el Estado garantiza igualdad, participación y protección, reconociendo el papel central de la mujer en la vida económica, social y comunitaria, y asegurando a la tercera edad un trato digno y preferencial, acceso a servicios, participación comunitaria y atención integral como parte de una política social con enfoque humano.
En la inclusión social y el respeto a la diversidad, el Estado garantiza a las personas con discapacidad acceso pleno a salud, educación, trabajo y participación social, promoviendo igualdad de oportunidades y atención prioritaria, reconoce los derechos territoriales, culturales y económicos de los pueblos originarios y afrodescendientes respetando sus formas de vida y organización, y afirma el trabajo como un derecho y una responsabilidad social, asegurando salario digno, condiciones laborales justas, igualdad entre mujeres y hombres y protección integral en el ámbito laboral.
Por otra parte, quisiera mencionar algunos de los muchos programas sociales, sin tener que detallar su impacto, porque el pueblo los vive, los utiliza y los siente a diario en su vida cotidiana.
Programas de seguridad alimentaria y producción familiar como Hambre Cero y los bonos productivos en sus distintas modalidades. Programas de financiamiento solidario como Usura Cero y otros mecanismos de crédito para el autoempleo y la economía familiar. Programas de vivienda y mejoramiento del hogar como Plan Techo, Casas para el Pueblo, Programa Bismarck Martínez y los proyectos habitacionales urbanos y rurales.
Así como Programas de titulación de la propiedad que garantizan seguridad jurídica a las familias. Programas de educación como la Merienda Escolar, los paquetes escolares, el Bono Presidencial, la educación gratuita, la secundaria en el campo, la educación técnica y tecnológica, las Escuelas Municipales de Oficios y la formación a través del INATEC.
En materia de salud, los programas sociales garantizan atención gratuita y cercana a las familias a través del sistema público, las casas maternas, las ferias de salud, las clínicas móviles, la estrategia Mi Hospital en Mi Comunidad y la red de atención primaria, asegurando prevención, seguimiento médico, acceso oportuno a servicios y cuidado integral, con énfasis en mujeres, niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.
Igualmente Programas de atención a personas con discapacidad como Todos con Voz. Programas de protección a la niñez como Mi Derecho a un Nombre, Amor para los Más Chiquitos, la erradicación del trabajo infantil y las rutas de atención integral. Programas de atención a adultos mayores, madres, personas con padecimientos crónicos y familias en situación de vulnerabilidad. Programas de agua potable y saneamiento, electrificación, calles para el pueblo y servicios básicos que inciden directamente en la vida cotidiana.
Programas de seguridad ciudadana, prevención de riesgos, atención ante desastres y acompañamiento comunitario. Programas de cultura, deporte, recreación y economía creativa orientados al desarrollo humano y comunitario.
Durante 19 años, los programas sociales implementados desde 2007 han contribuido directamente a la reducción de la pobreza en Nicaragua, y eso quedó reflejado con el informe presentado por el titular del Banco Central ante el Parlamento el pasado 10 de enero, en conmemoración de los 19 años del pueblo Presidente y del gobierno sandinista.
Al inicio de ese período, la pobreza general alcanzaba el 48.3 % de la población. En el último corte disponible, previo a 2026, ese indicador se redujo a 24.9 %, mientras la pobreza extrema pasó de 17.2 % a 6.9 %, resultados asociados a la aplicación permanente de programas sociales que reducen gastos básicos y fortalecen la capacidad de ingreso de las familias.
El mismo informe expone que este avance social ha estado acompañado por crecimiento económico. Para este 2026, que ya inició, se proyecta un crecimiento entre 3.5 % y 4.5 %, con inflación contenida entre 2.5 % y 3.5 % y un nivel de desempleo estimado entre 3.0 % y 3.5 %, condiciones que permiten sostener y ampliar la cobertura de los programas sociales y confirman su papel en la reducción de la pobreza.
