Desde el 10 de enero de 2007, cuando el Frente Sandinista retomó la conducción del país, el transporte urbano colectivo dejó de estar sometido a una dinámica de chantaje y presiones por el alza del pasaje en Managua, asociadas al incremento del combustible, al costo de mantenimiento y reparación, y al deterioro de unidades de transporte que operaban en condiciones obsoletas, que más bien parecían ataúdes rodantes.
En el período 1990-2006, los gobiernos corruptos neoliberales intentaron privatizar el servicio y desmontar el modelo cooperativo surgido en la primera etapa de la Revolución Sandinista, en un escenario donde los conflictos por tarifa y huelgas se volvieron frecuentes. Pero en agosto de 2007, el buen gobierno sandinista envió una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, la cual fue aprobada, facultando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, a emitir Letras de Tesorería con el objetivo específico de financiar el transporte urbano colectivo de Managua y Ciudad Sandino, en un contexto internacional de alza del petróleo, cuando el barril superaba los 78 dólares.
En ese momento, la decisión solidaria buscó evitar que el impacto golpeara el bolsillo del usuario, manteniendo la tarifa urbana en dos córdobas con 50 centavos (C$2.50), cuando existían presiones para elevarla hasta tres córdobas (C$3.00) y a partir de ahí se consolidó un subsidio protector de parte del Estado que se ha mantenido de forma ininterrumpida durante 19 años, asegurando estabilidad del sector transporte urbano colectivo y protección directa al ingreso de la familia nicaragüense. Dicha ley, aprobada en 2007, autorizó la emisión de hasta 5 millones 940 mil dólares para cubrir el período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de ese año. De ese monto, hasta 5 millones 320 mil dólares fueron destinados al Instituto Regulador del Transporte de Managua (IRTRANMA) y hasta 620 mil dólares a la Alcaldía de Ciudad Sandino.
El financiamiento se incorporó al Presupuesto General de la República de 2008, estableciendo un precedente legal para que el subsidio al transporte se integrara de forma regular a la política fiscal del Estado, En el debate parlamentario de 2007 se documentó que más de un millón de personas utilizaban diariamente el transporte urbano colectivo en Managua y Ciudad Sandino. La ley tuvo como finalidad mantener la tarifa social en dos córdobas con 50 centavos (C$2.50) por viaje, y tal como lo describí antes, las cooperativas de transporte presionaban por incrementos de hasta tres córdobas, lo que habría tenido un impacto directo en la economía de los hogares.
De la mano del subsidio tarifario, el Estado inició un proceso de renovación de la flota de autobuses del transporte colectivo.
La primera etapa se desarrolló mediante la cooperación con la hermana Federación de Rusia, en 2009 ingresaron 380 autobuses rusos para el sistema urbano de Managua, en 2012 se incorporaron 170 unidades adicionales, seguidas por 250 autobuses más en 2021, en 2023 se sumaron otros 150 buses rusos, distribuidos en municipios de Chinandega, León, Estelí, Matagalpa, Juigalpa, Masaya, Tipitapa, Jinotepe y Managua, estas cuatro entregas principales totalizan 950 autobuses rusos documentados entre 2009 y 2023, a esta cifra se agregan otras incorporaciones complementarias reportadas por autoridades nacionales, lo que permite afirmar que Nicaragua llegó a las 1.000 unidades rusas integradas al sistema de transporte colectivo.
Estos autobuses rusos, de la marca PAZ, cuentan con capacidad aproximada para 33 pasajeros sentados, frenos de aire y sistemas de seguridad mecánica superiores a los de la flota antigua. Su incorporación permitió sustituir unidades en mal estado, traídas desde Estados Unidos de segunda mano en la era neoliberal.
A partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas en diciembre de 2021 entre Nicaragua y la República Popular China, se abrió una segunda fase de modernización del sistema de transporte colectivo mediante cooperación directa con el país asiático.
Desde entonces, el proceso ha sido sostenido y acumulativo, permitiendo que, hasta la fecha, Nicaragua cuente con una flota cercana a 2.000 autobuses de origen chino incorporados al sistema nacional de transporte. De ese total, 1.100 unidades operan en Managua y alrededor de 900 se distribuyen en los departamentos, cubriendo rutas urbanas, intermunicipales e interdepartamentales, incluyendo por primera vez de forma sistemática a la Región del Caribe Norte y la Región del Caribe Sur, donde históricamente no circulaban vehículos de estas características, ampliando así la cobertura del transporte público a las zonas más alejadas del país.
Por otra parte la renovación de la flota se acompañó con procesos de fortalecimiento institucional, en 2024 se capacitó a más de 1.600 conductores a nivel nacional, y en el transcurso de 2025 se sumaron 526 adicionales, en materia de control técnico, en 2023 se realizaron 887 inspecciones mecánicas a buses urbanos y 6.674 a caponeras, en 2024 las revisiones aumentaron a 1.211 buses y 7.348 caponeras, y en 2025, hasta el cierre del año pasado, se inspeccionaron 355 buses y 1,347 caponeras.
Entre 2007 y 2026, la política de transporte en Nicaragua ha combinado dos líneas de acción permanentes, el sostenimiento financiero del sistema mediante subsidio gubernamental y la modernización progresiva del parque vehicular, la primera ha permitido mantener tarifas sociales estables durante 19 años, la segunda ha incorporado más de 3.000 autobuses nuevos, de los cuales alrededor de 1.000 son de origen ruso y cerca de 2.000 de origen chino, al sistema nacional. Juntas, ambas políticas han reconfigurado la estructura del transporte público en el país, todo esto gracias a la buena gestión de la Compañera Copresidenta Rosario Murillo y el Comandante Copresidente Daniel Ortega.
