Una acertada reforma enviada por nuestros Copresidentes, la Compañera Rosario Murillo y el Comandante Daniel Ortega, fue aprobada por la Asamblea Nacional con el propósito de fortalecer el régimen de Zonas Francas como uno de los principales motores del desarrollo socioeconómico del país, ampliando beneficios fiscales, incentivando la inversión extranjera, generando más empleo y dinamizando las exportaciones, en correspondencia con el principio de soberanía nacional y el encadenamiento productivo como ejes del modelo económico.
La ley de reformas y adiciones a la Ley No. 917 establece como objetivo fundamental del Estado el desarrollo socioeconómico, reconociendo que las zonas francas han demostrado ser un instrumento de alto impacto en la creación de empleos, la atracción de capital extranjero y el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, consolidando un modelo que dinamiza el comercio internacional sin afectar la soberanía ni los derechos de los trabajadores.
Entre los principales cambios se amplía la exención del cien por ciento del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sobre dividendos hasta por quince años, con posibilidad de prórrogas indefinidas por períodos iguales, siempre sujetas a la evaluación y aprobación de la Comisión Nacional de Zonas Francas, manteniéndose además el esquema vigente de exoneración total durante los primeros diez años y del sesenta por ciento a partir del undécimo año en adelante.
La reforma incorpora un nuevo artículo 20 bis que establece el carácter indefinido de los beneficios fiscales otorgados por la ley, con excepción de la exención del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sobre dividendos, precisando que una vez concluido el período inicial o sus prórrogas, las empresas operadoras pagarán el cien por ciento de estos impuestos y las empresas usuarias el cuarenta por ciento hasta el cierre de sus operaciones. en el país.
Se fortalece la Comisión Nacional de Zonas Francas, otorgándole facultades para conocer, evaluar, aprobar o rechazar solicitudes de prórroga de beneficios fiscales, garantizando un proceso basado en criterios objetivos como el incremento de exportaciones, la generación de empleo y el cumplimiento de prácticas responsables con el medio ambiente, lo que permite acompañar de forma ordenada el dinamismo del sector y consolidar la seguridad jurídica y la estabilidad del régimen.
En correspondencia con este fortalecimiento institucional y su impacto directo en el desempeño económico, datos oficiales del Banco Central de Nicaragua reflejan el crecimiento sostenido del sector, pasando de exportaciones por 1,110 millones de dólares en 2007 a más de 3,587 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento superior a 2.2 veces el monto inicial y un crecimiento neto de 2,470 millones de dólares.
El número de empresas de zonas francas pasó de 121 en 2007 a 169 en 2025, mientras los empleos directos crecieron de 84,000 a 116,762, cifras que evidencian la expansión del sector incluso frente a contextos adversos como el intento de golpe de Estado de 2018, la pandemia del COVID-19, los huracanes Eta e Iota y la guerra arancelaria internacional.
La ley mantiene el régimen de 10 años de exención para empresas usuarias con posibilidad de prórroga bajo criterios de desempeño, orientados a consolidar relaciones de mediano y largo plazo con inversionistas que aporten al crecimiento económico, al empleo y a la reducción de la pobreza, dentro de un entorno de paz, seguridad jurídica, estabilidad y facilidades para la repatriación de utilidades.
Con estas reformas Nicaragua fortalece su competitividad en la región centroamericana y República Dominicana, respaldada por inversiones en infraestructura como carreteras, puentes, energía, puertos y aeropuertos, así como por la transformación de la matriz energética, consolidando un régimen de zonas francas moderno, atractivo y sostenible que impulsa el desarrollo integral del país y amplía las oportunidades para las familias nicaragüenses, todo ello gracias a Dios y a la buena gestión de nuestro Buen Gobierno.
