FSLN: PAZ, PODER POPULAR Y LEGITIMIDAD SOCIAL
En nuestra historia moderna contrasta el modelo de gobernabilidad sandinista con antagonismos provocadores de crisis para alterar el orden. Una cruel contradicción acompaña el último medio siglo entre la virtud de nuestra sociedad humanista establecida como modelo revolucionario y la intención de romperla con violencia. El fundamento sandinista de amor a toda expresión de vida ha prevalecido ante: (i) la liberación nacional en 1979; (ii) la defensa ante intervención armada en 1990; (ii) la reconquista del poder popular sobre la miseria neoliberal en 2007; (iv) el intento fallido de golpe de estado y magnicidio frustrado de abril de 2018.
Superando éstas contradicciones, la reconciliación promovida y ejecutada por el sandinismo constituye uno de los procesos sociopolíticos más determinantes en nuestra composición moral y humana; integrando tanto la superación del conflicto armado como la reconstrucción del tejido político y social del Estado.
La coherencia del proyecto nacional sandinista, basada en políticas de paz, desarrollo humano y poder popular, ha sido determinante para la resiliencia institucional y la continuidad del modelo, incluso frente a episodios de alta conflictividad. Asimismo, la percepción ciudadana, construida sobre experiencias concretas de bienestar y participación, ha contribuido a sostener los niveles correspondientes de legitimidad política con los que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es respaldado.
LA PAZ COMO BIEN PÚBLICO TRANSVERSAL
El Sandinismo vincula la paz con la dignidad humana. No puede existir para unos sectores y otros no, en contexto de exclusión y desigualdad extrema.
En Nicaragua se reconoce al prójimo como sujeto de derechos, respeto y solidaridad. Esta dimensión es clave porque transforma la paz en una experiencia vivida, incidiendo directamente en la percepción y participación ciudadana.
Desde el enfoque de desarrollo humano, la paz es condición necesaria para la expansión de capacidades. La paz mejora la inversión pública y privada, la generación de empleo, la continuidad educativa, el acceso a servicios de salud, la productividad económica, la salud emocional, la convivencia familiar y la comunitaria; afinando la calidad de comunicación. crecimiento económico sostenido, reducción de pobreza, mejora en indicadores sociales, fortalecimiento del mercado interno. convivencia barrial, resolución pacífica de conflictos, organización comunitaria, cooperación social, seguridad en los espacios públicos, confianza entre vecinos, participación en iniciativas locales, así como, la identificación y sentido de pertenencia comunitaria para el desarrollo territorial.
En la visión de Nación, la paz se convierte en pragmatismo cristiano y revolucionario. Es activo estratégico del poder popular. No es neutral: está orientada al bienestar colectivo con posición extrema a favor de la vida digna, la planificación de políticas, públicas generadoras de confianza, esperanza a futuro y reducción de incertidumbre.
La agresión a la Paz sufrida en abril de 2018 evidenció la capacidad que tiene la desinformación para provocar miedo, ira, odio y culpa como desestabilización, pero también ponderó la importancia de la estabilidad como base de nuestro desarrollo.
El total de la población nicaragüense nos oponemos a cualquier transgresión a las formas de paz que gozamos, eligiendo el diálogo como única forma de resolución de diferencias. Rechazamos tranques o bloqueo de vías de comunicación y circulación, enfrentamientos, interrupción de actividades económicas, afectación de servicios, alteración del orden público y de la vida cotidiana.
PODER POPULAR: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
El modelo sandinista orienta a la construcción gradual del equilibrio social. El poder popular constituye una arquitectura de gobernanza donde la participación se organiza, se sostiene en el tiempo y se traduce en decisiones públicas con efectos materiales. Su finalidad es construir equilibrio social mediante la corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía, de modo que las políticas públicas sean continuas, adaptadas a cada realidad territorial y con una base social activa con actores locales.
Al articular participación con programas sociales y productivos, el poder popular refuerza la base social, eleva la estabilidad y optimiza la implementación del PNDH.
La democracia directa participativa se expresa como co-gestión: la ciudadanía interviene como protagonista en la ejecución de políticas de beneficio comunitario y sectorial adonde se: (i) Identifican las necesidades locales (infraestructura, agua, vivienda, producción); (ii) Priorizan proyectos conforme a criterios de equidad territorial; (iii) Acompañan la ejecución (auditoría social); (iv) Evalúan resultados y retroalimentan la planificación.
La participación no es improvisada; se sostiene con mecanismos institucionalizados que permiten continuidad incluso en contextos de inflexión (crisis económicas, eventos climáticos, choques externos) mediante: (i) Territorialización: decisiones ancladas en barrios, comunidades y regiones (incluido Caribe); (ii) Periodicidad: espacios recurrentes de deliberación y seguimiento; (iii) Capacitación: formación de liderazgos locales para lectura de datos, gestión de proyectos y control social; (iv) Articulación multinivel: de la comunidad con los distintos niveles del Estado, evitando fragmentación y consolidando una base social informada y organizada.
El poder popular actúa como plataforma de implementación de Programas Sociales (salud, educación, vivienda, agua): identificando a los beneficiarios, la cobertura y la calidad. También la implementación de los Proyectos Socio Productivos (agro, MIPYME y los de economía familiar): organización de productores, encadenamientos, adopción tecnológica y acceso a mercados justos.
La participación ciudadana en el poder popular (i) facilita la focalización efectiva para la productividad y la eficiencia; (II) reduce costos de transacción y acelera la difusión de los beneficios en el territorio; (iii) fortalece la economía local al alinear la oferta productiva con las necesidades reales; (iv) amortigua conflictos al crear espacios de diálogo y resolución local; (v) aumenta resiliencia frente a desastres mediante redes comunitarias (alerta, evacuación, reconstrucción) y (vi) sostiene la continuidad de políticas al mantener apoyo social informado.
En términos de resultados, el poder popular contribuye a reducir volatilidad social y a proteger los avances en bienestar priorizando territorios históricamente rezagados y grupos con brechas estructurales (mujeres, juventud, pueblos originarios, razas), favoreciendo la reducción de desigualdades (territoriales, culturales y de género) y la cohesión social.
PERCEPCION CIUDADANA: AUDITORÍA SOCIAL, SATISFACCIÓN Y LEGITIMIDAD
La percepción ciudadana constituye un elemento clave en la evolución del proceso político en Nicaragua, ya que se ha configurado a partir de experiencias concretas y factores estructurales directamente relacionados a los actores a los que se designa el diseño de las políticas públicas, sus métricas y seguimiento.
En nuestra gobernabilidad transparente la auditoría social está familiarizada con los indicadores de desempeño asociados al desarrollo: (i) Cobertura de participación: % de comunidades con espacios activos de deliberación; (ii) Incidencia: % de proyectos priorizados localmente que se ejecutan; (iii) Eficacia social: tiempos de ejecución y satisfacción de usuarios; (iv) Equidad: distribución territorial del gasto y acceso por sexo/edad y (v) Resiliencia: tiempos de respuesta ante eventos y normalización.
Respecto a la Valoración del Bienestar en el País, la ciudadanía evalúa positivamente: (i) el acceso a servicios básicos de electricidad, agua, saneamiento, comunicaciones; (ii) las mejoras en infraestructura hospitales, escuelas, puertos, caminos, carreteras, parques; (iii) los programas sociales, la asistencia, las becas, los bonos, los subsidios; (iv) las oportunidades económicas, el empleo, el emprendedurismo; (v) la seguridad social; (vi) la tranquilidad cotidiana, la estabilidad social, la seguridad ciudadana y el aislamiento del crimen organizado internacional, la trata de personas y de órganos, así como, el narcotrafico; (vii) la autonomía alimentaria.
Como distinción, la ciudadana pondera (i) nacionalismo; (ii) defensa de la soberanía; (iii) el antinjerencismo; (iv) el antiimperialismo; (v) solidaridad y complementariedad entre personas y pueblos; (vi) defensa de la Paz; (vii) procura de la felicidad.
También la población reconoce el buen manejo de las crisis de la pandemia mundial y el intento fallido de golpe de estado y magnicidio frustrado; ya que frente a los efectos disruptivos de ésas formas de conflictividad, el modelo de paz pudo sostener condiciones de bienestar, participación, cohesión social y armonía.
La ciudadanía opina satisfactoriamente que en Nicaragua el sistema político, social y económico ofrece condiciones para que las personas se sientan (i) con iguales derechos al resto de ciudadanos; (ii) con iguales obligaciones al resto de ciudadanos; (iii) con igualdad de derechos y deberes; (iv) con iguales oportunidades al resto de ciudadanos; (v) tratadas por igual sin privilegio ni discriminación.
En el balance de deberes y derechos, con un porcentaje del 94% los nicaragüenses opinan que (i) es un derecho y un deber elegir y ser electos; (ii) todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente, siempre y cuando no inciten a la violencia ni al caos; (iii) el orden constitucional debe ser respetado; (iv) es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide quién y cuándo gobierna un país; (v) la libertad de expresión debe ser garantizada siempre y cuando se respete la dignidad de las personas; (vi) los golpes de estado y la violencia que generan, no son aceptables; (vii) nadie puede, sin asumir responsabilidades y consecuencias, violentar el derecho de otras personas.
Con una valoración de 98% los nicaragüenses afirmamos que vivimos un modelo con valores cristianos, con ideales socialistas y con prácticas solidarias. Con ése respaldo se sostiene la confianza en el liderazgo de los Co-Presidentes Daniel y Rosario, por los méritos patentados por sus trayectorias al frente de la patria y la revolución.
También en el comparativo de las Américas, el gobierno sandinista encabeza la aprobación en los temas sensibles al desarrollo digno de los latinoamericanos. La experiencia nicaragüense evidencia que hemos logrado articular políticas públicas efectivas, participación ciudadana y sentido de identidad; elevando las capacidades para enfrentar crisis y preservar la estabilidad. Nuestra paz es la expresión concreta que el modelo sandinista responde a las necesidades y expectativas de su población.
Y es que Jesús, El Señor de Nicaragua, enaltece y protege a los humildes.
Managua, 21 abril de 2026
Xavier Díaz-Lacayo Ugarte
Especialista en Políticas Públicas
