Bolivia atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años, debido a una gestión política y económica que parece cada vez más improvisada, incapaz de ofrecer respuestas estructuradas y de afrontar una crisis que ya se ha vuelto sistémica. Ante la demanda de revisar las políticas que agravan sin piedad las ya dificilísimas condiciones de la población, el gobierno de Paz ha respondido con represión. Pero la pobreza, que afecta al 36 % de la población, a lo que hay que sumar otro 12 % que vive en condiciones de pobreza extrema y que en las zonas rurales forma el 54 % del total, no deja lugar a juegos de palabras. Y si el presidente pensaba intimidar a quienes no temen a nada porque casi nada tienen, se equivocaba gravemente. Carreteras bloqueadas, protestas generalizadas, escasez de combustible, inflación creciente y un descontento social que no disminuye caracterizan el clima del país.
Durante años, Bolivia fue un caso de estabilidad y crecimiento en América Latina. El gobierno de Evo Morales tuvo el extraordinario mérito de proyectar al país andino hacia una senda de estabilidad económica y reformas constitucionales que lograron construir estabilidad política y crecimiento socioeconómico de manera constante. Bolivia, históricamente rezagada en los indicadores macro y microeconómicos, llegó a saborear un destino que invertía el rumbo y la colocaba como promotora de derechos y no, como había ocurrido a lo largo de la historia, como oficina administrativa del dominio del gran latifundio. En los años del golpismo y a los del aparente retorno a la vía democrática, se difundieron datos que parecían capaces de mantener un estándar de crecimiento, aunque inferior al de los años de la democracia popular.
Sin embargo, detrás de las estadísticas oficiales se fueron acumulando fragilidades como la dependencia de las exportaciones de materias primas, la escasez de reservas en divisas extranjeras y la falta de una verdadera diversificación productiva. Pero, fundamentalmente, la ausencia de cualquier inversión significativa en el desarrollo de políticas atentas a las necesidades de los sectores populares.
Problemas conocidos, postergados durante años, que hoy han estallado con toda su fuerza, dando lugar a una crisis que parece no encontrar salida, también debido a la obstinación del presidente Rodrigo Paz, a quien las plazas exigen la renuncia para permitir un giro político mediante un diálogo nacional que trace un camino hacia un nuevo equilibrio.
Por otra parte, Paz, que también gracias a las divisiones de la izquierda ganó las elecciones de 2015 con el 54,54 % de los votos (hijo de Jaime Paz Zamora, presidente del país entre 1989 y 1993), pese a las reiteradas y documentadas denuncias de fraude electoral, es el hombre de Washington. Estados Unidos respaldó y garantizó su victoria confiando precisamente en la posibilidad de gestionar a distancia el gas y el litio bolivianos, este último uno de los minerales más importantes entre las llamadas “tierras raras”, fundamentales para la fabricación y el ensamblaje de productos tecnológicos. Junto con el cobre chileno y los recursos petroleros ecuatorianos, el litio boliviano constituye un terreno estratégico para Estados Unidos, tanto en relación con su competencia con China en el Cono Sur como, de manera más general, para satisfacer las necesidades de su dimensión tecnológica y militar.
Nada de esto era desconocido. Desde hace años ya lo había expresado abiertamente la general Richardson, excomandante del Comando Sur del ejército estadounidense, quien recordaba que las riquezas minerales y del subsuelo latinoamericano
- el petróleo de Ecuador y Venezuela, el gas y el litio de Bolivia, y el cobre de Chile - eran “vitales para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”.
La crisis económica y financiera boliviana puede medirse en varios aspectos. La escasez de dólares, aunque grave, no es un fenómeno repentino. Tampoco lo son las dificultades energéticas. El problema central es que ya no se trata simplemente de factores externos. La narrativa de las dificultades “importadas” de la economía global, utilizada para ocultar la incapacidad de planificar y gobernar en favor del interés general, convence cada vez menos a quienes cada día deben enfrentar largas filas para conseguir combustible, el aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo.
Estas dificultades son sobre todo el resultado de una gestión absurda del país, de años de decisiones postergadas, de políticas económicas sin visión de largo plazo y de una administración más orientada a la supervivencia política que a la planificación estructural. Y hoy la factura la paga la población.
A esta crisis económica se suma una profunda crisis política. El Movimiento al Socialismo, que durante años dominó la escena política boliviana, parece desgastado. Lo que fue un proyecto político con una fuerte identidad se ha transformado en un campo de conflictos internos cuya recomposición parece lejana.
Mientras tanto, mientras las tensiones dentro de la política se multiplican, los problemas concretos de la población siguen sin respuesta.
Como gesto de participación en la crisis general, el presidente Paz decidió reducir su propio salario en un 50 %, pero en La Paz, que atraviesa su cuarta semana de bloqueos y manifestaciones, esta medida fue percibida como una maniobra demagógica y propagandística, seguida además por amenazas de recurrir a la fuerza contra quienes protestan y exigen su dimisión. Miles de personas llegaron al centro de La Paz coreando consignas como “Gobierno incapaz. ¿Por qué no se van?”, enfrentándose a la policía antidisturbios cuando intentaban ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentran la residencia presidencial y el Congreso.
La sola idea de continuar con políticas de alta dureza e insensibilidad social mientras se ofrece reducir el propio salario revela la dimensión política del presidente y su incapacidad para afrontar la crisis actual. En este contexto, incluso el llamado “mandato de paz” adquiere un significado diferente. No puede utilizarse como una fórmula para neutralizar el malestar social ni para pedir paciencia a una población que ve empeorar sus condiciones de vida. La paz no puede convertirse en un eslogan útil para encubrir la ineficiencia.
Porque cuando faltan combustible y divisas, cuando los precios aumentan y las perspectivas económicas se deterioran, la tensión social se convierte en una consecuencia inevitable. No es una anomalía: es el reflejo directo de un sistema que ya no funciona. La verdadera fuente de inestabilidad no es solamente el descontento social en sí mismo, sino la creciente incapacidad del gobierno para enfrentar una crisis que se ha desarrollado bajo su propia gestión.
Con sus promesas de industrialización, Rodrigo Paz logró atraer a una parte importante de la clase trabajadora de las zonas más industrializadas y obtuvo un respaldo significativo en las regiones más vinculadas al proceso identitario plurinacional iniciado por el gobierno de Evo, como Cochabamba, donde los aymaras dieron la espalda al MAS. Pero un año después, para gran parte de la población, aquellas promesas siguen siendo solo palabras sobre el papel, mientras la realidad cotidiana continúa deteriorándose.
Lo que hace aún más complejo el panorama es la posición estratégica de Bolivia en el escenario global. Las reservas de litio y los recursos naturales del país la sitúan en el centro de los intereses internacionales vinculados a la transición energética. Sin embargo, en lugar de traducir esta centralidad en un proyecto económico coherente y sólido, bajo la asfixiante tutela de Estados Unidos sobre la economía boliviana, el gobierno aparece vacilante, sin una dirección clara e incapaz de transformar el potencial en desarrollo real.
Esta crisis demuestra un hecho fundamental: ningún gobierno puede sostenerse indefinidamente sobre una narrativa política cuando la realidad económica avanza en dirección contraria. Llega un momento en que los hechos son más fuertes que las palabras.
Hoy Bolivia se encuentra ante una encrucijada histórica. Las demandas de la población no son ideológicas ni abstractas: se refieren a la vida cotidiana, al acceso a bienes esenciales, a la estabilidad económica y a la posibilidad de tener un futuro menos incierto. La verdad es más simple y más dura: el Estado no ha sido capaz ni de prevenir ni de gestionar la crisis.
Y esta situación, en las condiciones actuales, parece cada vez más difícil de sostener por parte de un gobierno que no logró prever ni contener una crisis que hoy está a la vista de todos. Muchos ven en el “mandato de paz” del presidente Paz un perverso juego de palabras más que una salida real al túnel.
