Como viene haciendo desde hace ya 19 años, Nicaragua afronta también 2027 con un presupuesto que sitúa en el centro la lucha contra la pobreza y una concepción del desarrollo y la modernización del País, que se impulsa mediante políticas sociales e inversiones públicas. La decisión de destinar una parte considerable de los recursos públicos a las prioridades sociales constituye el aspecto más significativo del proyecto presupuestario. En 2027, el 64,7 % del gasto previsto, equivalente a unos 108.849,9 millones de córdobas, se destinará a programas e intervenciones con esta finalidad, proponiendo, por tanto, un modelo de planificación en el que la dimensión social ocupa un lugar central, constituyendo uno de los principales ejes de intervención.
La orientación marcada por el Gobierno Sandinista responde a un planteamiento ideológico que considera necesario utilizar los recursos públicos como instrumento para impulsar el desarrollo del País, reforzar los servicios esenciales y ampliar las oportunidades para la población. El gasto social, el fortalecimiento de los servicios públicos y el desarrollo de las infraestructuras son indispensables para una estrategia que combine el crecimiento económico sistémico con la mejora de las condiciones de vida de la población. Para esto, aproximadamente 51.526,1 millones de córdobas se destinarán a financiar obras y servicios en ámbitos como las carreteras, las instalaciones hospitalarias, los centros educativos y el abastecimiento de agua.
Como es sabido, hay un dato incontrovertible que determina el éxito o el fracaso de las políticas sociales: es el volumen de las inversiones públicas, los recursos previstos para las infraestructuras, los servicios esenciales y el desarrollo territorial. Vamos a ver cómo se dibujan.
Las infraestructuras cumplen una función tanto económica como social: mejoran las conexiones, facilitan el acceso a los servicios y favorecen las actividades productivas. Las intervenciones en el territorio contribuyen a mejorar la organización interna del mercado del trabajo, a reducir los desequilibrios entre las distintas zonas del país y a hacer que las oportunidades de desarrollo sean más accesibles y homogéneas.
En la generación de riqueza general y en la creación de valor para el conjunto del país, los niveles de los servicios públicos destinados a las personas desempeñan, de hecho, un papel fundamental. Las inversiones públicas permiten medir la concepción de la modernización del país como elemento fundacional del proyecto Sandinista. Si no nos limitamos a una contemplación neutral de las cifras, estas constituyen los parámetros fundamentales que indican la dirección de los flujos de gasto y reflejan el planteamiento político elegido en relación con el vínculo entre el gasto público y la riqueza del país.
Entre los sectores estratégicos que se beneficiarán de las inversiones figuran la sanidad y la educación, fundamentales para consolidar el capital humano y promover un desarrollo más inclusivo. El acceso a los servicios - la educación y la sanidad, en primer lugar, pero también las subvenciones al transporte y a los combustibles - constituye un componente esencial de las políticas destinadas a reducir las desigualdades. Esto se debe a que la eliminación de unos costes que, en todas las economías liberales, son muy elevados y recaen exclusivamente sobre las familias; aliviarlos permite obtener un ahorro importante en sus presupuestos domésticos. Aquí reside el vínculo entre el bienestar de las cuentas públicas y el de la población, que, gracias a la gratuidad de los servicios públicos ve aumentar de manera indirecta, pero automática, su poder adquisitivo. Invertir en escuelas, centros sanitarios y servicios públicos significa, por tanto, dar respuesta a las necesidades inmediatas de las familias. En resumen, de política se trata, no solo de números.
Una economía sana
Una contabilidad pública sólida es la condición previa de una economía sana, lo que constituye, a su vez, la base de un país saludable, fruto de una sociedad sana. El proceso de acumulación de riqueza, que permite al GRUN invertir en el crecimiento y la redistribución, necesita, sin embargo, que las cuentas públicas sean sostenibles. El reto, tanto para un Estado como para cualquier familia, consiste en satisfacer las necesidades gastando menos de lo que ingresa. Los ingresos que permiten financiar el gasto público proceden de créditos internacionales, entrada de capitales, impuestos y remesas y determinan una generación de valor por parte de las empresas nacionales, tanto públicas como privadas. A su vez, el gasto público produce mayores ingresos a medio y largo plazo. Diversificar las fuentes de ingresos es una cuestión decisiva para mantener unas cuentas saneadas.
No hay otros países del continente que puedan presumir de una coherencia tan reiterada en este compromiso con la mejora de las condiciones de vida de la población y con la apuesta incesante por una modernización del País planificada y racional. Esto no significa que el proceso esté exento de limitaciones: en el caso de los salarios la necesidad de mantener la política salarial vinculada a la espiral inflacionaria impide que los avances sean aún mayores, mientras que la coyuntura política de un imperio en decadencia, cuya política exterior consiste en desestabilizar a otros países y cuya política económica está dictada por los mercados golpeados por las guerras y con los precios energético en las nubes, obliga a mantener un control riguroso de las cuentas públicas.
Crecimiento económico y sostenibilidad financiera
El contexto internacional está marcado por una inestabilidad planetaria y por una profunda crisis del sistema económico dominante, de la que Nicaragua también es víctima. Dada su dimensión y su poder económico y político en la esfera internacional, el País evidentemente carece de la capacidad necesaria para orientar los procesos externo y, por tanto, se ve inevitablemente afectado por ellos. Sin embargo, la capacidad de planificación económica y la determinación con la que ha impulsado un modelo de desarrollo diferente han sido los dos pilares sobre los que el Sandinismo ha avanzado en la modernización del País. Se pone de manifiesto y se confirma lo que comenzó a aplicarse a partir de 2007: la instauración de un modelo basado en inclusión social y reducción de la pobreza, acompañado de una vigilancia rigurosa de los números de la economía.
Si analizamos la dimensión macroeconómica, el plan presupuestario se desarrolla en un marco que prevé un crecimiento del producto interior bruto del 3,7 % en 2027 y un superávit presupuestario de aproximadamente 26.898,7 millones de córdobas. El superávit es una cuestión de suma importancia, ya que representa la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, una vez descontado el coste de la deuda pública; en definitiva, mide la diferencia entre los ingresos y los desembolsos del Estado y constituye un indicador importante de la salud de las cuentas públicas. Es fundamental para la economía del país, porque actúa como estímulo para el capital nacional y extranjero, que encuentra en la inversión en Nicaragua una oportunidad para generar beneficios. Además, tiene importantes repercusiones en el ámbito del crédito, ya que los acreedores internacionales encuentran una confirmación de la conveniencia de mantener su exposición financiera y pueden volver a conceder financiación en un contexto de estabilidad económica que permita garantizar la solvencia de la deuda. No existe ningún país al mundo que no tenga una deuda pública: la diferencia radica entre quien es confiable y quien lo es y Nicaragua viaja entre los primeros al tener una deuda más que sustentable.
El matrimonio entre micro y macro
No se trata de conceptos abstractos. Los indicadores positivos del marco macroeconómico permiten desarrollar políticas sociales inclusivas y, a la inversa, estas, mediante la reducción de la pobreza y las desigualdades, favorecen la generación de riqueza; esto permite, a su vez, mantener el crecimiento económico y conservar unos indicadores positivos que se reflejan en major circulación de la misma riqueza. Se trata de un mecanismo virtuoso entre la macroeconomía y la microeconomía que, en esencia, constituye el eje cartesiano de las políticas socioeconómicas del Sandinismo en este milenio.
El desafío de Nicaragua ante su futuro se ha afrontado transformando los objetivos financieros en avances sociales y manteniendo a lo largo del tiempo el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección social y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
En la relación fructífera entre crecimiento y desarrollo, entre macroeconomía y microeconomía, y entre la reducción de la pobreza como medio decisivo para incrementar la riqueza, se encuentra el eje cartesiano sobre el que estos 19 años de Renacimiento Sandinista han marcado un antes y un después para Nicaragua.
Una idea de futuro basada en el crecimiento de la igualdad de oportunidades y la inclusión, que aspira a poner fin a la brecha entre las enormes riquezas de un lado y las espantosas situaciones de pobreza del otro.
Si hay una síntesis política del modelo vigente, es esta: es posible acumular riqueza mediante las leyes del capitalismo y distribuirla conforme a los principios del socialismo. Esto es lo que representa el Sandinismo. Esto es lo que hay que defender. A como sea.
