El jurista internacional calificó el fallo de la CCJ de claro y categórico, además de determinante al afirmar que la construcción de la carretera se hizo sin un estudio previo de evaluación ambiental y el daño transfronterizo que ocasionó sobre nuestro Río San Juan y otra parte del territorio nicaragüense.
Destacó que la CCJ también determinó que ningún Estado puede oponer disposiciones de carácter interno (léase decreto de emergencia emitido en Costa Rica) para justificar la afectación de determinados instrumentos internacionales y comunitarios.
“Se trata de un fallo que no ha dejado lugar a dudas, debe ser acatado y cumplido de manera rigurosa y en especial quisiera resaltar el hecho de que la Corte ha dado fuerza definitiva a la medida cautelar, consistente en que se suspenda de inmediato la construcción de esta carretera”, determinó Herdocia.
Dio sus votos de que a partir de esta sentencia, se pueda abrir un camino de diálogo entre las dos naciones, a fin de resolver las diferencias de forma amigable y que se permita encontrar solución.
“Es importante que dos países hermanos, dos países miembros del SICA (…) hagan un esfuerzo importante de conversar, tal y como lo ha venido pidiendo Nicaragua reiteradamente, para sentarse en la mesa de negociaciones como países hermanos”, aconsejó Herdocia.
El doctor Carlos Mario Peña, otro jurista nicaragüense, valoró que la sentencia no puede ser obviada por la Presidenta Laura Chinchilla, ya que Costa Rica firmó el Protocolo de Tegucigalpa.
“El gobierno costarricense debe cumplir la sentencia y el hecho que no tenga integrados magistrados ante la Corte Centroamericana de Justicia, no significa que no puede o no debe cumplir esta sentencia que vertió la CCJ por unanimidad”, dijo Peña.
Agregó que esta sentencia dará mayor validez a la demanda de Nicaragua contra el estado costarricense ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
“Le corresponde al gobierno (de Nicaragua) cuantificar los daños al ecosistema, a la fauna, a la flora y al ambiente que le dañó el Estado de Costa Rica con la construcción paralela de esta carretera”, valoró Peña.
En tanto el Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, señaló que Costa Rica no puede seguir con su posición de confrontación, pues ante el plano internacional queda definida como una nación que no acata las normas internacionales.
“Debe cumplir con el Protocolo de Tegucigalpa, ya que obliga a los estados centroamericanos someterse a los organismos regionales. Esta sentencia adquiere un gran valor jurídico para Nicaragua y le da fuerza a la demanda ante La Haya y en materia en derechos humanos el país queda blindado, porque en esta materia las personas están siendo afectados en sus derechos humanos al estarse dañando el medio ambiente y los recursos naturales”, concluyó.
