García aseguró que esta problemática ha sido controlada en la Región Autónoma del Atlántico Sur y la Región Autónoma del Atlántico Norte, pero que la misma se ha trasladado hacia el sector de las Segovias, donde se está atendiendo el aprovechamiento ilegal de la especie de granadillo.
“En lo que va del año la Procuraduría General de la República ha impulsado 241 procesos administrativos ante el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional Forestal, constituyendo un 75% de procesos que han sido tramitados por corte ilegal de madera, lo que ha dejado como resultado el decomiso de 383.5 metros cúbicos de madera de distintas especies y la imposición de 68 mil dólares y 431 mil córdobas en concepto de multa a los infractores de la legislación”, detalló García.
El funcionario informó que se han decomisado y están proceso de subasta 19 medios de transporte que han sido utilizados para la realización de las infracciones, 568 mil córdobas y 220 mil 602 dólares fueron recaudados en concepto de subasta por la venta de madera ilegal.
Indicó que en la vía penal se ha promovido 69 acusaciones que han concluido con 18 sentencias, 12 de ellas a favor del Estado, el resto se encuentra en trámites y han sido objeto de acuerdos resarcitorios del daño ambiental, producto de lo cual se tienen 103 metros cúbicos de madera decomisada, la que será entregada al Sistema Penitenciario Nacional para la fabricación de pupitres y de algunos muebles que posteriormente serán distribuidos en las escuelas.
“Se ha orientado a través de la sentencia en todo el país la instalación de 17 rótulos con mensajes alusivos a la protección ambiental y se han comprado 32 mil árboles para realizar reforestación y remediación en algún sentido del daño que se ha ocasionado con el corte ilegal de árboles. Además se han establecido 15 sentencias que han mandatado el trabajo comunitario ya sea en municipalidades o con jornadas del Ministerio de Salud”, manifestó.
Mano dura con urbanizadoras
José Luis García declaró que en conjunto con el Ministerio del Ambiente y las autoridades rectoras del recurso hídrico, están trabajando en la supervisión de 31 urbanizadoras que están ubicadas en el departamento de Managua y algunas en el municipio de Masaya, las cuales están ocasionando afectaciones a la población.
“Estas 31 urbanizadoras han presentado problemas de inundaciones y también de incorrecto funcionamiento de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. Nos gustaría tener menos resistencia y más conciencia de parte de las empresas que se dedican a las construcción de estas urbanizaciones porque tenemos todos los elementos probatorios para demostrar que no se ha cumplido con la Ley, entonces algunas de ellas han mostrado anuencia a las recomendaciones técnicas de las autoridades que han realizado las visitas”, señaló.
Argumentó que se ha iniciado un plan de fiscalización de parte de todas las instituciones del Estado y que en aquellas urbanizadores donde el impacto sea severo y en las que se demuestre que hubo dolo más allá de las negligencias en el cumplimiento de las disposiciones administrativas, se promoverán las acciones penales correspondientes y las acciones resarcitorias para que pueda ser remediado el daño ambiental que han estado ocasionando.
