Los trabajadores de la empresa Solka S.A rechazaron la sentencia emitida por una Corte Federal en Estados Unidos, que establece que el Estado de Nicaragua debe pagar la suma de 18.17 millones de dólares a Lylle Araya Solórzano, que cuenta con apenas el 1 por ciento de las acciones del citado laboratorio.
De esta manera, los 140 trabajadores de Solka, sentaron su posición en torno a la sentencia, la que calificaron de “retorcida y amañada”. Estos hombres y mujeres que cuentan con más de 25 años de laborar en esta empresa, pidieron al Gobierno de Nicaragua interponer todos los recursos necesarios a fin de anular la sentencia.
Durante una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del laboratorio, los representantes de los trabajadores que cuentan con el 45.3 por ciento de las acciones, sentaron su posición y anunciaron que solicitarán intervención en el juicio que es llevado en la corte estadounidense.
El resto de acciones está en manos de la familia Solórzano, misma que en dos ocasiones han dejado en quiebra a la empresa, la cual desde el 2007 está siendo administrada de forma eficiente por los trabajadores.
“Los trabajadores estamos consternados con la noticia, porque sabemos que estos señores (familia Solórzano) es la segunda vez que dejaron a Solka sin posibilidades de continuar como negocio en marcha. La primera fue en 1979 y la segunda en el 2007 con deudas de más de 40 millones de dólares”, reza un comunicado emitido por el Sindicato de Trabajadores de Solka.
“Queremos expresar al pueblo nicaragüense y a los medios de comunicación de no apoyar dicha pretensión, que significaría un claro desfalco al erario público. No permitamos que esto progrese y solicitamos al gobierno de Nicaragua que ponga su mejor empeño y que se persone ante este tribunal presentando los recursos suficientes para revertir esta resolución”, agrega el documento.
En la conferencia estuvo presente la compañera Gloria Maltez Raúdez, Gerente General; Oscar Mendoza, Gerente Financiero; la abogada Mercedes González; y Luis Barbosa, Secretario General de la Central Sandinista de Trabajadores "José Benito Escobar".
Sentencia retorcida y amañada
“Es una monumental locura lo que está pasando con el fallo de la Corte (norteamericana) y con lo que se le quiere pagar a estos señores. ¿Cómo se le va a pagar una plata cuando dejaron endeudada a esta empresa?”, dijo Mendoza.
Estas personas brindaron una radiografía del estado financiero de la empresa, destacando que producto de la mala administración de la Familia Solórzano, la empresa adeuda unos 40 millones de córdobas, entre estos 25.114 millones a Bancentro, 4.917 millones a la Dirección General de Ingresos, 1.036 millones al INSS y 9.021 millones en pasivos laborales.
Mendoza comentó que estas deudas se mantienen desde la época que la administración del ex presidente Arnoldo Alemán, intervino a favor de la familia Solórzano, la cual dejó en bancarrota a la empresa, obligando al Gobierno Sandinista en el 2007 a volver intervenir ante las diferencias entre trabajadores y los Solórzano.
La abogada Mercedes González brindó una amplia explicación del cómo la familia Solórzano ha logrado sentencias que le favorecen, las cuales considera “retorcidas y amañadas”, por tanto solicitarán la anulación de la sentencia en la corte norteamericana.
Recordó que el Estado de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República, interviene cuando ocurre el conflicto entre los socios en el 2007, en donde los trabajadores logran demostrar que los Solórzano están quebrando a la empresa.
“Los trabajadores son socios de esta empresa, no son advenedizos, como se les ha querido hacer entender a la opinión pública, de que esto fue atropellado (obtención de acciones) violando todos los derechos y es una lucha entre socios originarios, mayoritarios y socios trabajadores. Nos dio derecho de pedir la intervención”, explicó González.
Sobre la sentencia en la corte norteamericana, indicó que el judicial que lleva la causa pudo ser sorprendido y emitió un auto jurídico, sin conocer toda la verdad “porque los Estados Unidos (una corte) no puede conocer de una situación donde los bienes están en Nicaragua, donde los bienes están en otro país, lo dice su ley, no lo digo yo”.
“Para tratar de aproximar y hacer probablemente sorprender al juez, tratan de amarrarlo con la cuestión, con el Tratado de Libre Comercio, porque el derecho intelectual correctamente se tiene que respetar, en eso estamos totalmente conscientes”.
Dijo que el señor Roberto Solórzano “obtuvo el derecho” de las 71 marcas de (los medicamentos) forma mañosa e irresponsable, pues en ese momento Solka estaba intervenida e interpuso un recurso de amparo en contra de esa medida y un año después elabora otra demanda, en la que argumenta que producto de esa intervención tuvo daño económico.
Nicaragua puede alegar excepción
“En vez de notificar al interventor, notificó a su propia hermana y eso es una falsedad, porque como que su hermana en el 2009 estaba administrando Solka, cuando sabía perfectamente que aquí había una intervención y lo que la ley establece es que tenía que notificar al interventor, que era el representante de la empresa, de manera que ese juicio fue totalmente amañado, nunca nos permitieron el acceso el juez de la época”, declaró la abogada de los trabajadores, al explicar las anomalías.
Indicó que el Estado o Gobierno “podría alegar excepción, porque si hay tratado, como en efecto los hay que Nicaragua ha suscrito el convenio de Nueva York, que establece que las sentencias extranjeras las debe cumplir, siempre y cuando llenen los requisitos”.
Si el contenido de la demanda atenta contra esos principios y acuerdos internacionales “yo puedo alegar excepción”.
Luis Barbosa de la CST-José Benito Escobar, indicó que esta organización estará pendiente de este proceso, pero desde ya piden al gobierno interponer los recursos que impidan cumplir esta sentencia, que al igual que las administraciones de la familia Solórzano “son corruptas y fraudulentas”.
“No es posible que en este país estos señores que se beneficiaron al amparo y a la sombra del somocismo y explotaron a los trabajadores, hoy nuevamente quieran seguir recibiendo dinero de lo que le ha costado únicamente a los trabajadores que han mantenido a esta empresa”, dijo Barbosa.
COSEP espera diálogo
José Adán Aguerri, presidente del COSEP, dijo que espera que esta situación se resuelva a través del dialogo, en donde tanto los trabajadores, la familia Solórzano y el estado logren un acuerdo.
“Nosotros no vamos a entrar a un análisis jurídico sobre un tema que no corresponde a Cosep, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que insistir es en que Cosep ha venido y seguirá estando en la búsqueda de una solución a este tema y eso es a lo que nos vamos a dedicar”, dijo Aguerri.
En el año 1979 durante el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la familia Solórzano contaba con el 80 por ciento de las acciones y la familia Urcuyo Somoza con el otro 20 por ciento, que pasó a manos del Estado de Nicaragua. En los años 90 el gobierno de la señora Violeta Chamorro compró el 25.3 por ciento de sus acciones a un miembro de la familia Solórzano, lo que permitió que el estado ahora tenga el 45.3 por ciento.
