Diputados consultados sobre la probabilidad que la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer sea sometida a un proceso de reforma, manifestaron que no es conveniente que a pocos meses de estar en vigencia, sufra un cambio, tal y como han lo han solicitado algunos sectores del país.
El pasado lunes, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, indicó que sus colegas del Poder Judicial acordaron que debe ser la Asamblea Nacional, la que debe abrir la discusión sobre una reforma que permita la mediación en delitos considerados menores.
“Nuestra propuesta es que el restablecimiento de la mediación debe hacerse vía reforma en la Asamblea Nacional”, indicó Ramos.
Ahora que la “papa caliente” fue lanzada a los legisladores, estos consideran que primero debe educarse a la población, para que conozca las principales aristas de la ley y de esa manera, todos hombres y mujeres sepan que deben hacer para no violentarla.
Al parlamento aún no llega ninguna solicitud dirigida a discutir reformas a la ley, particularmente en su artículo 46 que prohíbe la figura de la mediación. Sectores que promueven reformas a la ley, han solicitado a la CSJ que declare inconstitucional algunos de los artículos de la ley 779, pues consideran que pone en desventaja al hombre.
“Si viene algún proyecto de reforma tendremos que discutirlo y ver la viabilidad o no de esta reforma. En todo caso ahorita no hay ningún proyecto de reforma en la Asamblea Nacional (…) pero cuando una ley es nueva siempre lo pertinente es esperar un tiempo, un tiempo que la ley se asiente, que sea conocida por los ciudadanos, por los operadores o aplicadores de la justicia en este caso del Poder Judicial y después si se ve la necesidad de alguna reforma en cualquier ley se puede valorar o no, pero lo recomendable es que hay que dejarla que camine y se desarrolle”, valoró la compañera Alba Palacios, Primer Secretaria del parlamento.
El legislador Carlos Emilio López, también coincide con Palacios, al subrayar que no es conveniente reformar una ley que fue aprobada en febrero del 2012 y que entró en vigencia el 22 de junio de ese mismo año.
“No es conveniente reformar la Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, ni es conveniente reformar una ley recién creada en ninguna materia. Una ley una vez que ha entrado en vigencia, el estado, la sociedad, la opinión pública debe de darle la oportunidad de que se implemente, se aplique y después de un tiempo prudencial se haga un análisis de la pertinencia de los resultados de su implementación y después pensar en la posibilidad de reformar o no”, opinó Carlos Emilio de la bancada sandinista.
