La aprobación unánime de la Ley de Territorio Fronterizo, Ley N° 1258, por parte de la Asamblea Nacional este pasado martes, es un paso firme, responsable y profundamente patriótico, que responde al compromiso del Buen Gobierno Sandinista con la defensa integral de nuestro territorio, de nuestra soberanía y de la tranquilidad de las familias nicaragüenses.
Esta nueva Ley de Territorio Fronterizo delimita con claridad una franja de quince kilómetros desde las fronteras hacia el interior del país como una zona de resguardo estratégico y propiedad del Estado. No es un capricho ni una exageración: es una decisión preventiva, inteligente y necesaria, que se coloca en la misma línea de países que han implementado leyes similares para fortalecer su seguridad nacional, su soberanía territorial y su marco jurídico interno. Naciones como México, Brasil, Rusia o India han establecido disposiciones para resguardar sus zonas fronterizas, reconociendo que allí se libra una de las principales batallas contra el crimen transnacional.
La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, expresó con claridad y orgullo el alcance de esta legislación: “Nos felicitamos grandemente por la aprobación de esta Ley, aprobación por unanimidad, que nos asegura Soberanía, Paz; que nos da más, o fortalece nuestra Seguridad Soberana.” Estas palabras no solo reflejan la voluntad política, sino también el sentido de responsabilidad histórica con el que se gobierna nuestro país.
En tiempos en que el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado operan con brutalidad desde las sombras, la definición legal de este Territorio Fronterizo permite al Estado actuar con mayor capacidad jurídica y operativa para proteger al pueblo. No se trata solo de seguridad: se trata de garantizar la paz, la independencia y el futuro de nuestra nación.
Lo que se ha logrado con esta ley es establecer un blindaje legal en zonas estratégicas, muchas veces vulnerables o desatendidas por décadas en otros modelos de Gobierno. Ahora, estas áreas serán objeto de atención prioritaria para preservar el orden, la paz social y la soberanía plena. Cada kilómetro defendido es una reafirmación de nuestro derecho a decidir sobre nuestro destino como nación libre y digna.
La ley deroga una normativa anterior del año 2010, modernizando y fortaleciendo el marco legal existente. Esto muestra que no estamos atados a fórmulas obsoletas, sino que el Gobierno actúa en consonancia con los desafíos actuales y en beneficio de las mayorías.
En este proceso también se reafirma el papel activo y decisivo de la Asamblea Nacional, que con este tipo de aprobaciones demuestra su lealtad con el interés nacional y su visión estratégica del futuro. No se trata de una simple actualización legislativa, sino de una herramienta concreta para blindar al país frente a amenazas reales.
Igualmente, frente a los desafíos del mundo actual, donde los conflictos fronterizos o los flujos ilícitos cruzan países enteros en minutos, Nicaragua se posiciona como un Estado serio, prevenido y comprometido con el orden interno. Esta ley es una señal de que aquí se gobierna con visión a largo plazo, con responsabilidad institucional y con total apego a los principios de soberanía.
La tranquilidad de las familias no se improvisa. Se construye paso a paso, con firmeza, con planificación y con decisiones como esta.
El pueblo nicaragüense puede sentirse respaldado por un Gobierno que cuida cada centímetro del país como se cuida lo más sagrado.
Hoy más que nunca, necesitamos leyes valientes, claras y enfocadas en la protección del bien común. La Ley 1258 no solo delimita el territorio, también delimita con firmeza el compromiso indeclinable de nuestro Gobierno, con la defensa de Nicaragua. Y ese compromiso, como bien lo sabe el pueblo, es irrevocable.
