El inepto de Gabriel Boric deja la presidencia de Chile tras la derrota electoral de su bloque y el triunfo de la ultraderecha, lo cual viene a cerrar un ciclo accidentado que comenzó en 2022, un tiempo en el que quizás gozaba de aceptables niveles de respaldo, pero hoy concluye con una vergonzosa desaprobación histórica, según el Centro de Estudios Públicos CEP la aprobación cayó al 22 por ciento en mayo de 2025 mientras la desaprobación alcanzó el 66 por ciento, la cifra más alta de rechazo desde que asumió el cargo, un desplome que marcó una tendencia negativa e imparable y que se profundizó tras una cadena de fracasos políticos y de una gestión torpe, demostrando que la banda presidencial le quedó muy grande, el principal compromiso de su mandato fue sepultado en las urnas, dos procesos constituyentes impulsados durante su gobierno fueron rechazados por mayorías amplias en 2022 y 2023, dejando vigente la Constitución de 1980, que con bombos y platillos había prometido derogar. Todo esto significó un golpe político mortal, del cual su fracasada administración nunca logró recuperarse, y que consolidó la percepción de un gobierno incapaz de traducir promesas en resultados concretos.
Por ejemplo, Gabriel Boric fue acusado de violaciones a los derechos humanos, su gestión estuvo empañada por contradicciones evidentes, mientras como lora denunciaba a gobiernos de la región, mantuvo en Chile el uso prolongado del estado de excepción en la Macrozona Sur, con presencia militar permanente, una medida criticada por comunidades mapuches y organizaciones sociales, que denunciaron la continuidad de prácticas represivas, generando tensiones internas, un desgaste profundo en sus propias bases, y una condena generalizada.
La salud pública tenía hedor a muerte, una situación que se mantuvo sin que el político barbudo se pusiera la mano en el corazón y decidiera resolverla de una vez por todas, hospitales saturados, personal insuficiente y respuestas tardías se volvieron parte de la vida diaria, durante su gestión se anunció el llamado Copago Cero, una medida que eliminó el pago directo de los pacientes en el sistema público pero que no resolvió el colapso estructural ni redujo las listas de espera, todo esto dentro del seguro estatal del Fondo Nacional de Salud de Chile, que administra los recursos del sistema público y al que está afiliada la mayoría de la población mediante cotización obligatoria y aportes fiscales, pero no aumentó camas, no redujo listas de espera, ni mejoró la capacidad hospitalaria, mucho menos resolvió el colapso del sistema ni las brechas territoriales, manteniéndose la dependencia de prestadores privados, mientras amplios sectores de la población percibieron el abandono, la desprotección y el deterioro persistente del derecho a la atención oportuna, un cuadro que se consolidó hacia el final del gobierno sin mostrar señales reales de cambio.
En educación el balance fue igualmente desastroso, la promesa de terminar con el endeudamiento estudiantil no se eliminó mediante el Crédito con Aval del Estado, un sistema que obliga a miles de jóvenes a financiar sus estudios por medio de préstamos bancarios garantizados por el propio Estado y que arrastra a generaciones completas a deudas de largo plazo, ni tampoco se implementó una reforma estructural del financiamiento estudiantil, es por eso que persistieron los conflictos con el magisterio, déficits de infraestructura escolar y profundas desigualdades en el acceso, alejándose por completo del discurso populista que llevó a Boric al poder. Por otra parte la infraestructura y la gestión de emergencias expusieron fallas graves, tras los mega incendios de Valparaíso en 2024 informes oficiales reconocieron que solo alrededor del 1% de las familias afectadas había recibido viviendas reconstruidas más de un año después, un hecho que consolidó la percepción de ineficacia del Ejecutivo y fue citado por medios internacionales como símbolo del fracaso administrativo.
Y si hablamos de la seguridad, esta se convirtió en el principal factor de desgaste social, el Centro de Estudios Públicos CEP, uno de los organismos de medición de opinión más influyentes de Chile, señaló que el 57% de los chilenos identifica la delincuencia como su mayor preocupación, con expansión del narcotráfico y aumento de delitos. Por otra parte, solo un 9% evaluó positivamente la gestión económica del gobierno, una cifra que reflejó el deterioro del poder adquisitivo, el estancamiento del crecimiento, la persistencia de la inflación en bienes básicos y la percepción extendida de falta de rumbo económico, encuestas del propio CEP y de mediciones nacionales registraron desconfianza frente a la capacidad del Ejecutivo para manejar la economía, empresarios y los trabajadores coincidieron en señalar incertidumbre regulatoria, un bajo dinamismo de la inversión y la ausencia de resultados concretos en empleo y productividad, factores que terminaron golpeando a los hogares y profundizando el rechazo ciudadano a la conducción económica de Gabriel Boric.
Por si no fuera suficiente, en política exterior, el tal Boric cruzó una línea diplomática y actuó de forma injerencista al intervenir directamente en asuntos internos de Nicaragua, lo cual formalizó a través de un comunicado de su Cancillería en 2023, ofreciendo residencia, protección y la posibilidad de nacionalidad a más de 300 terroristas nicaragüenses que participaron del intento de golpe de Estado contra el buen gobierno sandinista liderado por la Compañera Rosario y el Comandante Daniel, acción que quiso vender como una supuesta política en defensa de los derechos humanos, pero que en la región fue leída como una intromisión. La respuesta pública y contundente de parte del Comandante Daniel Ortega no se hizo esperar y lo calificó de pinochetito y traidor, señalando que había llegado al poder con el respaldo de la izquierda y que luego se alineó con los intereses de Estados Unidos y de la derecha internacional.
Boric llegó al tramo final del proceso electoral habiendo apostado abiertamente por la candidata que terminó derrotada, Jeannette Jara, a quien respaldó de manera pública y decidida, involucrándose de lleno en una campaña que el electorado leyó como continuidad de un gobierno desgastado.
Ese endoso político terminó jugando en su contra, porque el rechazo acumulado hacia su torpe gestión se trasladó directamente a la candidata que promovió, convirtiéndola en el vehículo mediante el cual el pueblo chileno le pasó la factura al oficialismo. El resultado fue la victoria del ultraderechista José Antonio Kast, un candidato vinculado al pinochetismo, con un discurso agresivo basado en castigo, criminalización de la migración y mano dura, cuyo ascenso no puede entenderse sin el fracaso previo de Boric, quien no solo fue incapaz de sostener a su propia coalición, sino que terminó allanando el camino para que la ultraderecha capitalizara el descontento social y se instalara en La Moneda.
