En marzo de 1988 Nicaragua vivía uno de los momentos más decisivos de su historia reciente, después de años de una guerra que había desangrado al país, el gobierno sandinista y la dirigencia de la llamada Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra, se sentaron a negociar en el pequeño poblado fronterizo de Sapoá, en el departamento de Rivas.
En las negociaciones de Sapoá hubo momentos muy tensos porque las dos delegaciones llegaron con posiciones muy duras, especialmente sobre el cese del fuego y la concentración de las fuerzas de la Resistencia. Las conversaciones se prolongaron durante varios días y por momentos parecía que no habría acuerdo.
De hecho, las delegaciones tuvieron que suspender sesiones para consultar con sus respectivas direcciones, lo que retrasó el avance de las platicas.
También se sabe que la presencia del cardenal Miguel Obando y Bravo y del secretario general de la OEA, João Baena Soares, fue clave para mantener abierto el diálogo, ya que actuaron como testigos y mediadores cuando las posiciones se endurecían.
En varias ocasiones intervinieron para evitar que las negociaciones se rompieran.
Además, el ambiente político era complejo porque solo un mes antes el Congreso de Estados Unidos había decidido cortar la ayuda militar a la contrarrevolución, lo que cambió el equilibrio de fuerzas y empujó a la dirigencia de la Resistencia a considerar seriamente una negociación.
El 23 de marzo de ese año se firmó el acuerdo que abrió el camino hacia el cese del fuego, fue el resultado de un proceso político regional iniciado con los Acuerdos de Esquipulas II en 1987 y de una voluntad expresa del gobierno revolucionario de avanzar hacia una salida política al conflicto armado. Los Acuerdos de Esquipulas II, firmados el 7 de agosto de 1987 en Guatemala, fueron un plan impulsado por los Presidentes de Centroamérica para buscar una salida política a los conflictos armados que vivían varios países de la zona durante los años ochenta.
El documento fue suscrito por los mandatarios de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica y estableció una serie de compromisos orientados a reducir la violencia, promover el diálogo político y abrir procesos de reconciliación nacional.
El acuerdo planteaba medidas concretas como el cese de las hostilidades, la apertura de procesos de diálogo entre los gobiernos y los grupos armados, la amnistía para combatientes, la garantía de libertades políticas y de expresión, el retorno de exiliados y la realización de procesos electorales supervisados. También contemplaba mecanismos de verificación internacional para asegurar el cumplimiento de esos compromisos.
Durante toda la década de los años ochenta Nicaragua había sido escenario de una guerra financiada por el imperio yanqui.
La contrarrevolución fue alimentada y organizada por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de derrocar a la Revolución Sandinista surgida tras la caída de la dictadura somocista en 1979. Por otro lado, la guerra armada dejó entre treinta mil y cincuenta mil muertos, en medio de dolor en la familia nicaragüense. Frente a esa realidad, el gobierno sandinista comenzó a impulsar una estrategia que combinaba una defensa militar del país con iniciativas diplomáticas y políticas para abrir paso a la paz.
El contexto internacional también comenzó a cambiar, en el Congreso de los gringos se intensificaron los debates sobre la continuidad del financiamiento a la contrarrevolución, por lo que en febrero de 1988 una votación fue clave y dejó en evidencia divisiones profundas dentro de la política imperialista estadounidense lo que debilitó la estrategia de guerra promovida por el criminal Presidente Ronald Reagan, ese debilitamiento contribuyó a crear condiciones para que las negociaciones avanzaran, mientras varios gobiernos presionaban por una salida política al conflicto.
En Nicaragua, simultáneamente, se desarrollaba el Diálogo Nacional entre el gobierno y los partidos de la oposición, un espacio donde se discutían reformas constitucionales, libertades políticas y mecanismos de convivencia democrática en medio de la guerra.
Aunque el proceso estuvo definido por tensiones, provocaciones y enfrentamientos políticos, aún así se permitió abrir canales de comunicación que prepararon el terreno para negociaciones más amplias. El encuentro en Sapoá reunió a representantes del gobierno sandinista y de la dirigencia contrarrevolucionaria durante tres días de conversaciones.
Al final, el acuerdo estableció la suspensión de las operaciones militares ofensivas durante sesenta días a partir del 1 de abril de 1988, mientras ambas partes continuaban las negociaciones para un cese del fuego definitivo y nuevas conversaciones en Managua. La Contra debía concentrar sus fuerzas en zonas previamente acordadas y el gobierno aprobaría una amnistía gradual para personas vinculadas al conflicto, incluidos miembros de la contrarrevolución y antiguos integrantes del ejército somocista.
El documento también contempló la liberación progresiva de presos, el retorno de "exiliados" sin persecución por sus actividades contrarrevolucionarias y garantías para la libertad de expresión y la participación en cargos públicos..
Gracias a la voluntad política del gobierno revolucionario, los Acuerdos de Sapoá llegaron a buen término y abrieron el camino hacia el fin del conflicto armado. Aquella negociación demostró que el Frente Sandinista, desde el ejercicio del gobierno, impulsó condiciones para la paz y promovió una salida a la guerra que durante años había golpeado a Nicaragua.
