Son horas cruciales para Cuba y para lo que queda del Derecho Internacional. Ambos están bajo ataque estado-unidense, que intenta encontrar una salida a otra derrota político-militar más, esta vez sufrida en el Golfo Pérsico y evidenciada por el memorando de entendimiento con Irán, sobre el cual se sostiene el acuerdo para la tregua de 60 días y se proyecta el futuro tratado bilateral.
En la búsqueda desesperada de una victoria que dé sentido a la cadena de amenazas y agresiones resueltas con otros tantos retrocesos, la Administración Trump parece dejarse convencer por las presiones de la gusanería de Miami, de la cual Marco Rubio es expreso representante.
El caso de Cuba se reviste con dos camisas diferentes: una falsamente jurídica pero puramente hipócrita, que habla de una acusación contra el general retirado Raúl Castro por el derribo, en febrero de 1996, de dos avionetas de la gusanera de Miami que penetraron deliberadamente el espacio aéreo cubano rechazando las advertencias de la aviación cubana y que, en consecuencia, fueron derribadas.
La otra, la auténtica, es la idea de ofrecer el cuero cabelludo de un enemigo histórico e irreductible a la derecha estadounidense en todas sus variantes, especialmente a la que gira en torno a los grupos cubano-estadounidenses que expresan 11 congresistas y fuertes grupos de presión mediática y financiera. En definitiva, todas herramientas que resultarán útiles en los próximos meses para la supervivencia política de Trump.
En primer lugar, la cuestión meramente jurídica. No porque tenga algún sentido real en la operación de cambio de régimen, sino para eliminar de la narrativa cualquier mínima intención de darle una apariencia jurídica digna de ese nombre. El juicio que Rubio sueña es inconcebible bajo cualquier interpretación posible del Derecho.
Ante todo, hay que decir que un eventual procedimiento contra Raúl es imposible de sostener, ya que Raúl Castro nunca ha vivido en Estados Unidos, no está sujeto a su jurisdicción y el presunto delito que se le atribuye no fue cometido en territorio estadounidense. La aplicación extraterritorial de la ley penal estadounidense a un funcionario gubernamental extranjero por actos de defensa aérea constituye un abuso jurisdiccional que ningún código de ningún país contempla.
Según el derecho internacional (Principio de no retroactividad - Art. 11 de la Declaración Universal) nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que, en el momento en que fueron cometidas, no constituían delito según el derecho nacional o internacional. Tanto en 1996, como también hoy, la defensa del espacio aéreo contra incursiones repetidas no constituía ni constituye un crimen. Es cierto, en cambio, que el Derecho Internacional reconoce a todo Estado el derecho de defender su propio espacio aéreo (Convenio de Chicago sobre Aviación Civil, Art. 1 y siguientes).
Cuba había emitido repetidas advertencias públicas regularmente y deliberadamente ignoradas. Al igual la reiteró la tripulación de los Mig cubanos de patrulla. Pero la ausencia intencional de respuesta a una advertencia no le asigna a ésta un valor reducido ni implica, por tanto, la impunidad de quien la ignora. El derecho a la defensa del espacio aéreo es y sigue siendo indiscutible.
Sin embargo, la ilegitimidad de cualquier exigencia de Estados Unidos no se limita a esto. Como se ha recordado sabiamente en estas horas, incluso según el derecho estadounidense la incriminación de Raúl Castro por hechos de 1996 viola el principio fundamental de seguridad jurídica y el “fair notice” garantizado por la Due Process Clause (5ª y 14ª Enmienda).
Con la Act of State Doctrine (principio internacional y del common law), la jurisprudencia estadounidense reconoce que los tribunales de EE.UU. no pueden juzgar los actos oficiales de gobiernos soberanos realizados en su propio territorio (o en su defensa). No es posible doblegar los códigos y las leyes de su propio país a los intereses políticos de una camarilla de especuladores.
Por último, en cualquier ordenamiento jurídico civil, la edad de Raúl ya sería suficiente para invalidar cualquier solicitud de juicio, dado que se trata de un caso de caducidad del derecho a perseguir, debido a la alta probabilidad de violación del principio de duración razonable del proceso y del derecho a la defensa.
Visto lo jurídico, queda lo político. Nadie duda de la intención totalmente política de Estados Unidos de llevar adelante un sueño de venganza contra Cuba que demora ya casi setenta años. Washington considera que haber detenido el suministro de petróleo desde Venezuela e Irán, sumado a la extraterritorialidad de las medidas genocidas emprendidas contra Cuba (que prevén sanciones directas e indirectas contra los países que comercian con la isla o instituciones públicas y privadas que mantengan relaciones financieras), ha terminado por colocar un lazo al cuello de La Habana del cual es imposible escapar.
Están convencidos de que la coyuntura internacional actual es irrepetible por su configuración y dinámica, y nunca tan favorable para ellos en los últimos 68 años. Si alguna vez Cuba mostró señales de una crisis irreversible, piensan en los círculos de Washington y Miami, es ahora. De ahí la idea de no abandonar el objetivo que, aunque siga siendo un hueso duro de roer, representa un trofeo altamente simbólico para ofrecer a las mandíbulas de la derecha fascista estado-unidense, que constituye la base ideológica y electoral de la Administración Trump.
Es evidente que la eventual reacción internacional ante un crimen que, dada la total inocencia de Cuba respecto de cualquier delito de cualquier naturaleza, se presenta como el más odioso política y éticamente, no les genera especial preocupación. Obviamente todos se dan cuenta de cómo el ataque a Cuba forma parte integrante y estratégicamente importantísima de la reconquista por la fuerza de América Latina.
Reapropiarse de sus recursos energéticos y alimentarios, adquirir el control de vastísimos recursos minerales estratégicos y recuperar para sus intereses especulativos los respectivos mercados financieros significa para Estados Unidos no solo volver a gestionar desde Washington la economía latinoamericana y recuperar parcialmente la brecha internacional con China, sino también favorecer un reposicionamiento estratégico golpeando sus procesos de integración.
Volver a disponer del subcontinente y del área centro-americana y caribeña como cinturón de seguridad militar y económica y, sobre todo, hacer retroceder a Pekín del continente, donde ya posee una posición financiera sólida (principal prestamista de última instancia) y comercial (acuerdos marco con 12 países y 20 han suscrito el memorando del proyecto de la Nueva Ruta de la Seda).
Acusar a Raul es ofender a Cuba. Golpear a Cuba es una parte importante del proyecto de reconquista, porque implica detener la dinámica política desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, que ha visto progresar las aspiraciones de independencia y soberanía latinoamericana. Aunque la isla socialista ya no represente aquel núcleo político fundamental para la izquierda independentista latinoamericana, conserva un alto valor político y profundamente simbólico para los pueblos que habitan todo el subcontinente. Su caída trasladaría al terreno del sueño roto la idea de un continente independiente y soberano. Pero, sobre todo, ofrecería a su sistema ideológico y mediático la supuesta inviabilidad a largo plazo de cualquier proceso revolucionario.
Es precisamente aquí donde Raúl adquiere un valor simbólico absoluto para Estados Unidos. El general retirado constituyó, junto con Fidel y el resto de la dirigencia cubana, la columna vertebral ética y operativa del proceso revolucionario cubano y todavía hoy representa su integridad y continuidad histórica, ideal y política. Se intenta golpear a Raúl porque ya no se puede golpear a Fidel, quien fue objeto de todo tipo de intentos de asesinato por parte de la CIA en 600 ocasiones, hábilmente frustrados por la inteligencia cubana. Golpear a Raúl hoy significa golpear a la “vieja guardia”, aquella generación de guerrilleros y dirigentes políticos que, en Cuba, como en Nicaragua, simboliza a quienes, primero con las armas y luego con la diplomacia, atravesando dos siglos, llevaron a sus respectivos países de la esclavitud a la libertad y del hambre al desarrollo.
La Cuba revolucionaria, tal como la Nicaragua sandinista, representa un concepto en apariencia elemental, pero en realidad complejo: la idea de la posibilidad - además de la necesidad - de reaccionar con las armas frente a sistemas represivos y criminales que basan en las armas su poder criminal desmedido.
La lección histórica que las revoluciones de Cuba y Nicaragua ofrecieron a todo el continente es la certeza de que las dictaduras impuestas por Estados Unidos para apropiarse de esos países pueden combatirse y derrotarse. Que, a diferencia de los sistemas donde la alternancia de la clase dirigente no pone en discusión la supervivencia del sistema, las revoluciones lo derriban y lo superan. Cambian la estructura del poder, invierten las relaciones de fuerza entre las clases, imponen la prioridad de los intereses populares y la atención a las clases desfavorecidas. Al hacerlo, revolucionan el destino de un país, modelan nuevas sociedades y crean una perspectiva totalmente diferente para su futuro. Es por miedo a todo esto que el imperio busca venganza.
