Hace unos días se cumplieron 39 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos el 7 de agosto de 1987 por los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua, Vinicio Cerezo, de Guatemala, José Napoleón Duarte, de El Salvador, José Azcona Hoyo, de Honduras, y Óscar Arias, de Costa Rica. Aquel entendimiento, denominado oficialmente Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, llegó cuando buena parte de la región atravesaba conflictos armados que habían provocado miles de muertes, obligaban a numerosas familias a desplazarse de sus comunidades y golpeaban duramente las economías de los países centroamericanos.
Nicaragua enfrentaba entonces una guerra financiada y apoyada por el imperialismo yanqui a través de la Contra, parida por ese país para combatir y tratar de derrocar al Gobierno Revolucionario Sandinista. Mientras defendía al país frente a esa agresión armada, el Gobierno buscaba detener los enfrentamientos por la vía diplomática y encontrar una salida negociada que permitiera alcanzar la paz. En esos esfuerzos tuvo un papel protagónico el Comandante Daniel Ortega. Nicaragua respaldó al Grupo de Contadora, integrado por México, Colombia, Venezuela y Panamá, que desde 1983 promovía conversaciones para encontrar una solución pacífica a la situación que afectaba Centroamérica. Como parte de esa búsqueda, el Frente Sandinista dialogó directamente con Estados Unidos durante las Pláticas de Manzanillo, iniciadas en 1984, con el propósito de resolver mediante el entendimiento las diferencias existentes entre ambos países.
Dos años después de las Pláticas de Manzanillo, el 25 de mayo de 1986, los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua llegaron a la ciudad guatemalteca de Esquipulas para buscar entre los propios países centroamericanos una respuesta común. Aquella reunión, conocida como Esquipulas I, permitió que los mandatarios mantuvieran las conversaciones al más alto nivel y sentaran las bases para la creación del Parlamento Centroamericano. Pero mientras las naciones del istmo trataban de encontrar un entendimiento, Estados Unidos continuaba apostando por la vía armada y su Congreso aprobó otros 100 millones de dólares destinados a financiar a la Contra.
Al comenzar 1987 surgió una nueva propuesta presentada por el divisionista presidente costarricense Óscar Arias. El llamado "Plan Arias" fue discutido inicialmente por Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, dejando fuera al Presidente Daniel y buscando que esos cuatro gobiernos acordaran primero su contenido para llevarlo posteriormente a Managua como un hecho consumado.
La iniciativa incluía disposiciones sobre democratización, cese de hostilidades y, de manera fundamental para Nicaragua, la suspensión de la ayuda destinada a las fuerzas irregulares.
El intento de mantener al Gobierno Sandinista apartado comenzó a cambiar después de la reunión celebrada en San José el 15 de febrero, cuando el presidente guatemalteco Vinicio Cerezo viajó a Managua y conversó con el Presidente Ortega, a quien dio a conocer lo planteado. A partir de ese momento, el Comandante y su equipo estudiaron cuidadosamente el documento, identificaron los puntos que podían contribuir a detener la guerra y decidieron participar en las discusiones, evitando que Nicaragua quedara aislada de las decisiones que se estaban tomando sobre Centroamérica. Más adelante, los cancilleres de los cinco países trabajaron en Tegucigalpa para preparar la cita presidencial, donde cobraron fuerza dos asuntos fundamentales, detener los enfrentamientos armados y poner fin a la ayuda militar que recibían las fuerzas irregulares.
El 7 de agosto llegó el momento decisivo.
Ya en Guatemala, el Comandante Daniel Ortega negoció directamente con los demás mandatarios durante una cita en la que los cinco gobiernos mantenían diferencias sobre diversos puntos del documento. El canciller Miguel d’Escoto Brockmann relató posteriormente que, mientras los ministros de Relaciones Exteriores permanecían reunidos en el Hotel Camino Real, el presidente Ortega negociaba en el salón contiguo con los presidentes centroamericanos, hasta que al mediodía los cancilleres fueron convocados para presenciar la firma. Después de aquellas discusiones quedó suscrito el Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, que llamaba a impulsar la reconciliación mediante el diálogo, detener las hostilidades y conceder amnistías de acuerdo con las leyes de cada nación. Los firmantes acordaron además que ningún Estado permitiría utilizar su territorio para lanzar ataques contra otro pueblo centroamericano y exigieron terminar con toda ayuda destinada a las fuerzas irregulares, de manera que dejaran de recibir armas, ya no contaran con dinero para sostener sus acciones, perdieran el apoyo logístico que les permitía operar y tampoco dispusieran de propaganda que alentara sus actividades armadas. Para vigilar que lo pactado realmente avanzara, quedaron establecidas formas de verificación que permitirían conocer cómo cada gobierno llevaba a la práctica las obligaciones asumidas.
Otro punto de especial importancia para Nicaragua quedó escrito en el propio acuerdo, cada nación tendría derecho a decidir libremente su modelo económico, político y social, sin aceptar injerencias externas que pretendieran determinar su rumbo.
Esa disposición coincidía con la posición que el Gobierno Sandinista había defendido durante aquellos años frente a la intervención estadounidense y relacionaba la paz con la necesidad de avanzar hacia la justicia social y mejorar las condiciones de vida de los pueblos. Cada país debía formar además su Comisión Nacional de Reconciliación, mientras una instancia internacional tendría la responsabilidad de verificar el cumplimiento de lo pactado con la participación de los países centroamericanos, las naciones que habían acompañado las gestiones diplomáticas y organismos internacionales.
Nicaragua comenzó a llevar a los hechos los compromisos asumidos y creó la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por el cardenal Miguel Obando y Bravo. El 5 de noviembre de 1987, el Gobierno Revolucionario dio otro paso al iniciar conversaciones indirectas con la contrarrevolución. Durante los meses siguientes, las pláticas fueron acercando a las partes hasta crear las condiciones para sentarlas frente a frente.
Ese esfuerzo condujo a Sapoá, en el departamento de Rivas, donde representantes gubernamentales y dirigentes de la denominada Resistencia Nicaragüense sostuvieron en marzo de 1988 varios días de difíciles negociaciones, con posiciones tan distantes que por momentos amenazaron con romper el encuentro.
El cardenal Obando y Bravo, junto al secretario general de la OEA, João Baena Soares, ayudó a mantener abierto el entendimiento cuando aumentaban las diferencias y ambas delegaciones discutían cómo detener los combates, dónde debían concentrarse las fuerzas contrarrevolucionarias y de qué manera comenzaría a aplicarse gradualmente la amnistía. Finalmente, el 23 de marzo lograron pactar una tregua de sesenta días que comenzaría el 1 de abril, mientras continuaban dialogando para alcanzar un cese definitivo.
Los alcances de Esquipulas II también llegaron al resto de Centroamérica. En El Salvador, el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron en 1992 los acuerdos que pusieron fin a doce años de enfrentamientos, mientras Guatemala consiguió en 1996 cerrar décadas de lucha armada mediante los compromisos alcanzados entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
A partir de esos entendimientos, las antiguas organizaciones guerrilleras dejaron las armas y comenzaron a participar en la vida política de sus respectivos países, al tiempo que las naciones del istmo estrecharon sus relaciones y fortalecieron el Sistema de la Integración Centroamericana. Esquipulas II tampoco quedó limitado a terminar con las guerras, porque relacionó la paz con el desarrollo económico, la justicia social y la restitución de derechos.
Treinta y nueve años después, Esquipulas II volvió a cobrar actualidad. El 22 de julio de 2026, la Cancillería de Nicaragua envió una nota al Gobierno de Guatemala en la que recordó las conversaciones que hicieron posibles los acuerdos de 1987 y reconoció la participación del presidente Vinicio Cerezo y de los demás mandatarios centroamericanos, quienes, a pesar de mantener diferencias ideológicas, lograron entenderse y encontrar coincidencias para preservar la paz. Nicaragua llamó a cuidar la estabilidad, mantener la convivencia y continuar luchando contra la pobreza mediante decisiones soberanas que permitan a las familias trabajar, vivir tranquilas y seguir prosperando. El Buen Gobierno Sandinista resumió ese principio con una frase que conserva su vigencia, “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
La paz alcanzada en Nicaragua y el avance que posteriormente permitió a Centroamérica dejar atrás las guerras tuvieron en el Gobierno Sandinista un impulso decisivo, fortalecido por su postura, su voluntad política y la promoción permanente de una salida que privilegiara el entendimiento sobre la confrontación.
Casi cuatro décadas después, Esquipulas II sigue vivo porque uno de sus principios fundamentales estableció el derecho de las naciones a determinar libremente su modelo económico, político y social, sin injerencias externas de ninguna clase. Por lo tanto, Esquipulas II vive también en las actuales reformas constitucionales que siguen su proceso de consultas en Nicaragua, porque representan el ejercicio de la soberanía nacional y el derecho de nuestro pueblo a decidir sobre sus asuntos internos sin aceptar interferencias extranjeras. Respetar esas decisiones significa cumplir hoy con lo acordado en 1987 y reconocer, con hechos, que los principios establecidos en Esquipulas II mantienen plena vigencia.
