El proyecto de reforma parcial de la Constitución Política, que probablemente concluirá a finales de agosto, avanza con la aprobación general de todos los sectores sociales y de las instancias institucionales. Dos son las novedades sustanciales respecto del texto vigente: la duración del mandato presidencial y el estudio de normas específicas destinadas a proteger el interés nacional en el ejercicio del voto popular.
Como ocurre con todo proyecto político y constitucional, los dos impulsos fundamentales que dan lugar a las modificaciones, sean estas limitadas o amplias, están representados por la identidad política del gobierno y por el contexto político general en el que está inserto el país. En este sentido, Nicaragua no constituye una excepción, sino que responde a la norma habitual. Las reformas que modificarán parcialmente el texto de la Carta Magna de Nicaragua son, en efecto, expresión tanto de la identidad política de su sistema como del contexto político en el que se producen. Después de todo, la Constitución señala los principios y las leyes establecen la legalidad de la acción en una sociedad.
La cuestión no consiste en decidir si el gobierno tiene o no el derecho/deber de proteger el espacio político nacional: lo tiene y, guste o no, lo ejerce. ¿Por qué sorprenderse? Todo modelo político construye un sistema que establece los ámbitos y límites de su acción, y lo hace a través de la Constitución Política, las leyes y las normas, los códigos y los procedimientos que lo garantizan. Y, por otra parte, en el caso de Nicaragua nadie propone suspender o, peor aún, anular las elecciones; solo la propaganda histérica de la derecha en sus numerosos disfraces intenta hacer pasar esto como una realidad. La verdad es, en cambio, que lo que está siendo sometido a estudio y aprobación popular son los mecanismos destinados a garantizar que el proceso electoral tenga un carácter exclusivamente nacional, que rechace cualquier tipo de injerencia extranjera y que salvaguarde el modelo de país eficiente y equilibrado alcanzado.
Con ese objetivo, activa los mecanismos de autoprotección de su acción, que se corresponden con aquello que fue diseñado y propuesto a su electorado; en definitiva, lo que se denomina programa de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Cuanto mayor sea el consenso obtenido, mayor será la legitimidad para actuar con el fin de garantizar, a lo largo del tiempo, la eficacia y la resiliencia de la aplicación de ese programa.
No tiene mucho sentido establecer una jerarquía exacta entre estos dos elementos, pero ciertamente, con una lectura apenas profunda de la realidad nicaragüense, resulta evidente cómo el contexto político internacional, tanto en el plano regional y continental como en el global, influye decisivamente en las decisiones políticas de Managua.
La consulta a los cuerpos intermedios del país es una decisión eminentemente política - en verdad, poco frecuente en la mayoría de los países que imparten cátedras de democracia - que busca reafirmar y, al mismo tiempo, verificar la sintonía colectiva con las políticas socioeconómicas del país impulsadas por el gobierno sandinista.
Trasladar al debate público los mecanismos constitucionales es, en sí mismo, una operación política que merece atención, porque la participación de los organismos de representación popular e institucional contiene una idea de participación propia de una democracia popular. Es decir, de un sistema sociopolítico que, mediante una delegación popular expresada no solo en los momentos electorales sino también a través de la participación cotidiana en la ejecución del programa de gobierno, acompaña el proyecto de desarrollo del conjunto del sistema-país.
A diferencia de los regímenes liberales, aquí no existe distancia entre el modelo de gobernanza y los programas concretos; no existe una brecha entre lo anunciado y lo realizado. No es casualidad que la participación en la consulta y el nivel de aprobación - prácticamente unánime - del proyecto de reformas sean tan elevados.
¿Qué está en juego?
Nicaragua no es una isla perdida en un atolón del océano. Es un país con una historia intensa de más de un siglo de lucha permanente - y victoriosa - por su independencia. Un país invadido repetidamente por Estados Unidos que, deslumbrado por la idea de un canal interoceánico, convirtió a Nicaragua en un elemento paradigmático de la aplicación sobre el terreno de la Doctrina Monroe, experimentando modelos de protectorado o colonia sobre bases dictatoriales, siempre rechazados por la fuerza de las armas del independentismo ante y del sandinismo luego nicaragüense.
Precisamente la lectura de la historia de Nicaragua impide, de raíz, desvincularla del contexto de la política de conquista de Estados Unidos. Leer Nicaragua al margen de la historia del imperialismo estadounidense en Centroamérica es, francamente, una propuesta insostenible además de ociosa. Pues bien, el contexto actual plantea como principal factor de atención la renovada agresividad de la administración encabezada por Donald Trump en materia de política exterior y, en particular, hacia el continente americano. Lo ocurrido en Venezuela y lo que ocurre en Cuba y en el Cono Sur a manos de una ultraderecha segregacionista, racista, misógina y clasista, es un rediseño general de un continente, que pretende sepultar los proyectos de integración y unidad latinoamericana mediante un retorno a la dependencia total de Estados Unidos.
Las recientes victorias electorales que han tenido lugar en Honduras, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia han estado severamente condicionadas por la intervención directa e indirecta de Estados Unidos en sus respectivas contiendas electorales. Intervenciones externas e internas que han recurrido al binomio de promesas/amenazas, se han expresado mediante poderosos financiamientos electorales a los candidatos de derecha y han llegado hasta la manipulación de los datos electorales para garantizar su victoria.
No es importante, aquí y ahora, detenerse en las razones por las cuales Estados Unidos quiere concentrar su acción en defensa de su dominio, estrechando el cerco sobre América Latina, que bajo diversos aspectos representa un espacio fundamental en términos potenciales para la competencia estratégica con China y Rusia. Lo que aquí se quiere subrayar es que, sin medidas adecuadas para impedir la presencia de quintas columnas de Estados Unidos disfrazadas de partidos improvisados que cubran los lamebotas de siempre, las campañas electorales en Nicaragua sufrirían una injerencia similar y una mayor agresividad política, dado que lo que está en juego es estratégico y no solamente táctico.
Porque, a diferencia de los países andinos, que pueden oscilar entre gobiernos de derecha y de centroizquierda sin que ello modifique su relación de dependencia/obediencia respecto de Estados Unidos, la Nicaragua sandinista representa una alternativa y no una alternancia, porque es diferente y contraria al modelo que Estados Unidos necesita para perpetuar el saqueo permanente y la obediencia política absoluta que requiere la supervivencia de su imperio. Hay una contraposición ideológica y cultural en la concepción del modelo de sociedad, que además tiene consecuencias concretas en las políticas económicas. En este sentido, una eventual derrota del sandinismo significaría para Washington no solo una elección favorable, sino también el fin de una amenaza en el plano político, incluida la capacidad de atracción que el modelo nicaragüense ejerce en las tesis sobre la posible organización socioeconómica de América Latina.
El modelo sandinista, que concibe el crecimiento económico a través de la lucha contra la pobreza, es el principal enemigo para Estados Unidos. Todo proyecto que reduzca la pobreza extrema y relativa, otorgue derechos de ciudadanía y eleve los índices de bienestar es, por principio, un enemigo absoluto de una ideología ultraliberal que considera el crecimiento demográfico y el acceso a los bienes como una amenaza y no como una mejora, porque ejerce una presión indirecta sobre el nivel de recursos disponibles y, por tanto, sobre los destinados al imperio.
La política socioeconómica sandinista propone constantemente resultados muy importantes en la prestación de servicios gratuitos y de excelencia, como la educación y la salud, de los cuales la inauguración del nuevo Centro Nacional de Cirugía Cardíaca, dotado de equipamiento de vanguardia a nivel sanitario internacional, constituye solamente el ejemplo más reciente.
Es una política de asistencia, estímulos, subsidios e incentivos a la producción que consolida el modelo económico sobre la dimensión de la economía familiar, complementada por las inversiones nacionales y extranjeras, a la que la población nicaragüense no está dispuesta a renunciar. Ahí reside la adhesión masiva al proyecto de reformas: es adhesión al modelo de desarrollo, a una determinada idea de país y al papel que colectivamente se imagina que Nicaragua debe desempeñar.
En este sentido, la dirigencia sandinista estudia las garantías constitucionales y políticas para evitar que se repita lo ocurrido en 1990, cuando la amalgama resentida de los sectores patronales al servicio de Estados Unidos quiso destruir todo el entramado constitucional y legislativo construido para permitir las principales reformas - la agraria, por encima de todas - decididas durante la década revolucionaria de los años ochenta.
Se aprende de las virtudes y de los propios errores. La diferencia entre quien ha aprendido y quien no lo ha hecho reside en poner en marcha las condiciones necesarias para que, cualquiera que sea el escenario futuro, los errores no tengan que repetirse.
No se pretende impedir la disputa política nacional. Se pretende garantizar la irreversibilidad de un modelo que beneficia a todos. Y se hace también construyendo un muro constitucional y legislativo en defensa de la independencia y la soberanía nacional, garantizadas mediante la construcción de un sistema que ha asignado - de una vez y para siempre - Nicaragua a los nicaragüenses.
