El Ejecutivo argentino presentó un documento de carácter institucional que refuta jurídicamente la denuncia que le hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman y que hoy retomó su colega Gerardo Pollicita.
Se trata de un escrito que aportará elementos de juicio y antecedentes documentales probatorios jurídicamente relevantes respecto de hechos que forman parte de la imputación contra la Presidenta, el Canciller, un diputado nacional y dos activistas sociopolíticos.
Pollicita requirió abrir la investigación sobre el presunto encubrimiento de la supuesta culpabilidad de Irán en el atentado en 1994 a la asociación judía AMIA a cambio de petróleo, que presentó Nisman antes de aparecer muerto de un tiro en la cabeza tres días después de hacer la denuncia.
El fiscal sustituto hizo la presentación en el juzgado del Daniel Rafecas, incluso antes de que este regresara de vacaciones el próximo día 20, lo cual -señalan funcionarios- se enmarca en la ofensiva opositora contra el Gobierno.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, advirtió esta mañana que la presentación por Pollicita es "una clara maniobra de desestabilización democrática".
La denuncia -sostuvo Fernández- "no tiene ningún valor jurídico, no tiene ninguna importancia", a no ser la estridencia mediática que genera como parte de la ofensiva de la oposición.
El jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, alertó hoy que Argentina vive "la mayor estrategia de golpismo judicial activo de la historia del país".
El documento del Ejecutivo que refuta la denuncia antigubernamental lleva la firma de la procuradora del Tesoro, Angélica Abbona, y responde una por una a las acusaciones al tiempo que presenta pruebas para controvertirlas.
"Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol", sostiene.
La documentación incluye documentos de Interpol y estadísticas de comercio con Irán que -según señaló- desmienten las afirmaciones de Nisman.
"No existe prueba alguna, siquiera de carácter â��indiciarioâ�Ö, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta, ni a funcionarios del gobierno nacional", indicó.
Tras conocerse la imputación de Nisman, resaltó que las sustentaba en escuchas telefónicas secretas de conversaciones del activista de la comunidad islámica Jorge Khalil con los líderes de las organizaciones sociopolíticas Miles, Luis Dâ�ÖElía, y Quebracho, Fernando Esteche.
Ni la Presidenta, como tampoco el Canciller y el diputado Andrés Larroque hablaban en esas escuchas.
Para apuntalar su incriminación, Nisman identificaba a dos personas como agentes de la Secretaría de Inteligencia, Ramón "Allan" Bogado y el exjuez Héctor Yrimia, quienes nunca pertenecieron a ese organismo.
