Ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto fue remitida la iniciativa de Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, la que fue presentada ante el plenario de la Asamblea Nacional durante una sesión extraordinaria realizada este 23 de diciembre.
La diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, dio lectura al documento destacando que, la misma tiene como objetivo establecer el régimen regulatorio de la administración del sistema monetario y financiero de Nicaragua.
“Incorporar en un solo cuerpo legal las regulaciones que rigen al Banco Central de Nicaragua y a la Superintendencia de Bancos, manteniendo cada una de ellas su autonomía orgánica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, para el cumplimiento de la ley y leyes relacionadas. Incorporar en un solo órgano de dirección, denominado el Consejo Directivo Monetario y Financiero, los órganos máximos de direcci6n del Banco Central y de la Superintendencia”, señaló.
"Establecer disposiciones comunes aplicables al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, su administración y su personal, así como en materia de transparencia, sigilo control interno y externo, entre otros. Introducir nuevos instrumentos y regulaciones para facilitar liquidez, atender emergencias y situaciones excepcionales, que aseguren la continuidad de la intermediación financiera y de los pagos”, añadió.
Además, de incorporar líneas de préstamos y facilidades de financiamiento durante situaciones excepcionales y de emergencia a instituciones financieras y al Gobierno. Regular los sistemas de pagos, los medios de pagos y medios electrónicos de pagos definiendo los participantes y las tarifas máximas aplicables, así como el desarrollo de los sistemas de pago del Banco Central incluyendo la firma electrónica para transacciones financieras.
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“Incorporar la supervisión consolidada de grupos financieros extrarregionales, para que los basados en el país sean regulados por la Superintendencia y no en el exterior. Introducir la regulación de instituciones sistémicas, la regulación basada en riesgos, las pruebas de estrés, los planes de recuperación y de resolución, incluyendo la creación de la Intendencia de Resolución. Actualizar las regulaciones sobre sanciones y multas por incumplimiento de Ley aplicables a las personas instituciones reguladas”, concluyó Dixon.
