Nicaragua dio un paso importante para su rumbo económico con la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta. Es una decisión pensada para dar impulso real a la economía, abrir espacios productivos y asegurar nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento en el país. El país ya tenía una experiencia sólida en zonas francas, pero esta ley apunta a algo más amplio: sectores industriales, agroindustriales, tecnológicos y de servicios con mayor capacidad de arrastre. La intención es clara: levantar polos de desarrollo que generen empleo formal y eleven la calidad de vida en distintos territorios del país.
Lo central de la ley está en los incentivos fiscales y aduaneros que se otorgan a quienes inviertan y produzcan dentro de estas zonas. Exoneraciones de impuestos por diez años, renovables, facilidades para importar maquinaria e insumos, y un marco administrativo más ágil. Esto no significa que vamos a regalar ventajas sin condiciones. Significa competir por inversión en un mundo donde todos pelean por atraer empresas que generen trabajo y exportaciones. El país conoce bien el impacto de la industria textil y manufacturera bajo regímenes especiales. Ahora se abre un espacio más amplio, que busca diversificar y escalar.
La ley también crea una estructura institucional para dar seguimiento serio al modelo. La Comisión Nacional de Zonas Francas tendrá el timón operativo, acompañada por una Comisión Especial donde están representadas las áreas económicas del Estado. Ahí entra la importancia del liderazgo y la disciplina administrativa. El diseño apunta a evitar improvisaciones, garantizar control público y asegurar que las inversiones cumplan con las reglas del país. Que después los vendepatrias no digan que se trata de soltar el territorio, en mi caso lo veo como ordenar el desarrollo y proteger el interés nacional.
Esta normativa también establece la creación, organización y funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, bajo un régimen que simplifica trámites, reduce cargas fiscales y abre puertas a inversiones en manufactura, agroindustria, tecnología y servicios de valor agregado orientados a la exportación. Contempla exoneración del cien por ciento del Impuesto sobre la Renta durante diez años renovables, además de alivios en dividendos, IVA, tasas municipales, derechos de aduana e impuestos sobre importaciones necesarias para operar. Incluye también facilidades portuarias y fronterizas para que el movimiento de mercancías sea más ágil y competitivo, siguiendo modelos que ya funcionan en países aliados como China, Vietnam, o en otros como Panamá y Emiratos Árabes. En el caso nicaragüense, se proyecta este esquema sobre territorios con alto potencial productivo como la franja costera del Pacífico, el Caribe, Ometepe, Jinotega, Matagalpa y Estelí, con la expectativa de convertir capacidades locales en empleo formal, encadenamientos productivos y nuevas exportaciones que fortalezcan a las familias y a la economía nacional.
La ejecución de este modelo queda en manos de las instituciones que ya administran la inversión productiva y las zonas industriales del país. La Comisión Nacional de Zonas Francas asumirá la conducción, acompañada por una Comisión Especial integrada por autoridades económicas y jurídicas del Estado. Participan el asesor presidencial para inversiones y cooperación internacional, el Ministro de Hacienda, el Presidente del Banco Central, el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, el Ministro de Transporte, la Procuraduría General de la República y la autoridad de Zonas Francas. Con esta estructura se garantiza control, seguimiento y cumplimiento de reglas, para que cada empresa que entre aporte empleo, respete la ley laboral, genere producción y contribuya al crecimiento del país.
Este marco busca empleo real, productivo y con estabilidad. La ley habla de trabajo formal y transferencia tecnológica, de instalar capacidades y no solo mover mercancía.
Las empresas que ingresen a estas zonas tendrán que producir, transformar y generar valor agregado dentro del país, lo que abre oportunidades para jóvenes técnicos, profesionales y trabajadores especializados que hoy encuentran más puertas en exportación, agroindustria, industria ligera, logística y servicios avanzados. La iniciativa lo deja claro al exigir procesos que encadenen proveedores locales, formación de mano de obra y crecimiento de industrias que eleven el nivel productivo de Nicaragua. Eso significa talleres, plantas, centros logísticos y servicios conectados a exportación y tecnología, fortaleciendo la capacidad nacional para competir en mercados internacionales.
El fundamento legal ya estaba trazado, en la Asamblea Nacional se recordó el artículo 100 de la Constitución, que faculta al Estado a promover inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo económico sin afectar la soberanía ni los derechos laborales, y también se mencionó el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, donde la inversión pública y privada es vista como palanca para abrir mercados, atraer tecnología y mover sectores enteros hacia mayor productividad.
La ley se apoya en esa ruta institucional, no aparece aislada ni como experimento, sino como paso que se inserta en una estrategia que viene avanzando desde el restablecimiento de relaciones con China en 2021, la adhesión a la Franja y la Ruta en 2022 y el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor en 2024, con acceso inmediato a mercados para carne, azúcar, miel, cacao, mariscos, textiles, ron y otros productos que hoy llegan a puertos chinos sin arancel. Aquí el objetivo es reforzar esa puerta abierta y multiplicar oportunidades para producir más y exportar más desde suelo nicaragüense.
En la práctica, la aplicación de este modelo demanda instituciones activas y así quedó establecido, con responsabilidades definidas y supervisión del Buen Gobierno Sandinista en cada etapa del proceso, desde la autorización de empresas hasta el seguimiento de operaciones y el cumplimiento fiscal y laboral. La Comisión Nacional de Zonas Francas actúa como eje operativo, mientras la comisión especial reúne a las instituciones económicas clave para asegurar que las inversiones cumplan metas de producción, empleo y exportación. Este diseño evita vacíos y establece un circuito claro para facilitar trámites, validar proyectos, monitorear resultados y garantizar que el régimen funcione como motor de crecimiento, no como simple atracción de capital sin impacto real en la economía nacional.
En esencia, esta decisión coloca a Nicaragua en una posición donde la producción y la oportunidad caminan juntas, donde el territorio deja de ser visto solo como mapa y se convierte en plataforma para trabajar, aprender y levantar un futuro con nuestras propias manos. El país no esperó a que otros marcaran su camino, diseñó un instrumento para atraer inversión que deje frutos, que forme técnicos, que abra espacio a nuevos emprendimientos y que haga de regiones como la Costanera, el Caribe o el norte productivo zonas en movimiento, con trabajo estable y desarrollo palpable.
Aquí no se vale decir, se vale hacer, y la ruta trazada descansa en organización, reglas bien definidas y una conducción que sabe hacia dónde va. Hoy Nicaragua opta por un camino donde la gente produce, donde el conocimiento se queda y donde el esfuerzo tiene suelo fértil. Eso es lo que respalda esta ley, una apuesta a que las familias vivan mejor porque el país decide avanzar desde adentro, con aliados que aporten y con un pueblo que sabe construir, progresar y vivir en paz.
